Crisis del biodiésel: seis grandes plantas paralizadas y fuerte pulseada por el mercado interno
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La industria argentina del biodiésel atraviesa una crisis exportadora tan profunda que derivó en la paralización de seis de las principales plantas del país, todas ubicadas en el complejo portuario de Rosario. En ese marco, el sector reclama cambios urgentes en el régimen de biocombustibles para poder participar del mercado interno, hoy vedado por ley a las grandes exportadoras.
En el sector atribuyen el deterioro principalmente al cierre de mercados externos y a las restricciones del marco regulatorio local, que les impide colocar biodiésel de alta calidad en el mercado doméstico a precios competitivos.
Derrumbe exportador con cifras históricas
Las exportaciones de biodiésel argentino muestran un fuerte deterioro en los últimos años. Tras alcanzar un récord de 1,757 millones de toneladas en 2011 y mantenerse durante gran parte de la década por encima del millón de toneladas anuales, el sector comenzó una marcada caída desde 2019, cuando las ventas externas fueron de 1,015 millones de toneladas.
En 2020 las exportaciones bajaron a 605.000 toneladas y luego repuntaron parcialmente en 2021 y 2022, con volúmenes cercanos a 1,2 millones de toneladas.
Sin embargo, el derrumbe se profundizó después: en 2023 las exportaciones cayeron a apenas 284.000 toneladas y en 2024 totalizaron 388.000 toneladas, uno de los niveles más bajos de los últimos 15 años.
La tendencia continúa en 2025, cuando las exportaciones sumaron 273.386 toneladas sobre una producción de 972.202 toneladas, mientras que en el primer trimestre de 2026 apenas alcanzaron 30.360 toneladas.
Estados Unidos cerrado y Europa en duda
Estados Unidos dejó de importar biodiésel argentino en 2017, debido a barreras arancelarias superiores al 130% impuestas durante la administración de Donald Trump. Y actualmente existe preocupación por posibles restricciones de la Unión Europea vinculadas a exigencias ambientales y a la trazabilidad de la soja.
El presidente de la CIARA-CEC, Gustavo Idígoras, explicó a Clarín Rural que durante buena parte de 2025 Europa dejó de ser un mercado atractivo para el biodiésel argentino. Tenemos una cuota de 1,2 millones de toneladas al año, pero el valor del biodiésel de soja no podía competir con otros productos, afirmó.
Según detalló, el mercado europeo se vio inundado por combustibles elaborados a partir de residuos oleaginosos y sebo bovino provenientes de China, que ingresaban con precios mucho más competitivos. Ahora esos productos quedaron afuera porque Europa inició investigaciones por dumping y el mercado volvió a ser interesante, señaló.
Idígoras sostuvo que el reciente aumento global del gasoil volvió más competitivo al biodiésel argentino, pero advirtió que aparecieron nuevas trabas regulatorias. Europa ya publicó el borrador de norma sobre cambio indirecto del uso de la tierra (ILUC), castigando a todos los productores de soja del mundo. Es una clara medida paraarancelaria, afirmó.
Según indicó, la preocupación es que los importadores europeos eviten comprar biodiésel argentino ante futuras restricciones vinculadas al impacto ambiental de la producción de soja.
Plantas paradas en el polo aceitero
En ese contexto hoy permanecen paralizadas las plantas de Cargill, Cofco, LDC, T6 (sociedad entre AGD y Bunge), Renova y Vicentin. En conjunto poseen una capacidad de producción anual de 2,2 millones de toneladas.
Idígoras comparó la situación en un mensaje por redes sociales al señalar que es como tener a Messi en el banco de suplentes y no ponerlo en ningún partido del Mundial. Y remarcó: Estamos en el corazón de la agroindustria y una de las plantas de biodiésel más grandes del mundo está cerrada, afirmó.
La ley de biocombustibles en el centro de la disputa
Además de las trabas externas, desde el sector sostienen que el problema radica en el actual régimen local de biocombustibles. Actualmente rige la Ley 27.640, sancionada en 2021 y vigente hasta 2030, que redujo el corte obligatorio de biodiésel en el gasoil del 10% al 5% inicialmente y hoy ronda el 7,5%.
Además, la norma mantiene restringida la participación de las grandes exportadoras en el mercado interno, reservado mayormente para pymes elaboradoras.
Discrimina a las empresas más eficientes al mantener cupos y precios regulados, alertaron desde la industria. También aseguraron que hoy el biodiésel en el mercado libre es más barato que el gasoil importado e incluso hasta 20% inferior al precio regulado vigente.
Proyecto oficialista para desregular y subir el corte
En medio de este escenario, un grupo de senadores oficialistas encabezados por Patricia Bullrich presentó un proyecto de ley para reemplazar el actual régimen por un sistema más desregulado y abierto a la competencia.
La iniciativa propone elevar el corte obligatorio de biodiésel del actual 7,5% al 10% un año después de aprobada la ley. Pero además introduce un cambio central: habilita que las grandes empresas integradas, entre ellas agroexportadoras y aceiteras con producción propia de biodiésel, puedan participar del abastecimiento del mercado interno.
Idígoras señaló además que el sector exportador trabajó durante todo el verano junto a la Secretaría de Energía aportando información, sugerencias y recomendaciones sobre el proyecto impulsado por Bullrich. No obstante, planteó que la iniciativa debería acelerar la apertura del mercado y aumentar más rápidamente el corte obligatorio de biodiésel.
En ese sentido, cuestionó que el esquema de transición se extienda hasta 2030 para las pymes que hoy abastecen el mercado interno con precios regulados.
Las pymes resisten: temen cierres y pérdida de empleo
Desde la Cámara de Empresas PYMEs Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (CEPREB) rechazaron el proyecto y advirtieron que podría provocar el cierre de pequeñas plantas del interior.
Su director ejecutivo, Federico Martelli, aseguró que la iniciativa condena a la quiebra a las pymes y le entrega el mercado a las grandes aceiteras.
Según explicó, el régimen original fue pensado para que las pequeñas empresas abastezcan el mercado interno mientras las grandes compañías exporten. No podemos competir con las aceiteras porque tienen otra escala y además son propietarias de la materia prima, afirmó.
Martelli sostuvo además que modificar el esquema antes de 2030 implica alterar reglas de juego sobre las cuales las empresas realizaron inversiones, contrataron personal y desarrollaron planes de negocio.
Actualmente existen 25 pymes vinculadas al régimen en cinco provincias, con unos 2.000 puestos de trabajo directos y 8.000 indirectos.
De todos modos, desde CEPREB también reclamaron aumentar el corte obligatorio de biodiésel, aunque criticaron que el proyecto oficial lo eleve sólo al 10%. Somos el principal productor mundial de aceite de soja y seguimos teniendo un corte bajo respecto de Brasil, Paraguay, Estados Unidos o Europa, planteó Martelli.
