Entre Ríos reformula el sistema de adicionales policiales y prohíbe que personal de guardia haga servicios extra
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Ante una denuncia judicial sobre la administración de los fondos del Servicio de Adicionales de la Policía de Entre Ríos, el Ministerio de Seguridad y Justicia de la provincia informó que colabora activamente con la investigación y dispuso una reforma estructural del sistema, que prohíbe al personal de guardia realizar tareas adicionales.
Según precisó la cartera, la causa se encuentra actualmente en etapa investigativa en el ámbito de la Justicia, a partir de la denuncia radicada por el manejo de los fondos provenientes del Servicio de Adicionales de la Policía de Entre Ríos.
En ese marco, el Ministerio llevó adelante de manera inmediata diversas diligencias en dependencias policiales junto a funcionarios de la fiscalía interventora. Durante esos procedimientos se secuestró documentación vinculada al servicio de Policía Adicional, la cual quedó resguardada para ser sometida a un riguroso análisis.
En esa línea, la cartera aclaró que el proceso de ejecución de los servicios adicionales se encuentra exclusivamente bajo la órbita de la Policía de Entre Ríos (PER).
Reformulación del sistema de adicionales
Hasta ahora, el servicio de Policía Adicional estaba regulado por el decreto Nº 1729/19 MGJ, una normativa que permitía al personal policial prestar el servicio adicional de forma simultánea, aun estando en servicio ordinario de guardia.
Atento a las circunstancias actuales, se realizó un profundo análisis jurídico junto a distintas áreas legales de la Provincia y se concluyó que no es conveniente continuar con dicha modalidad para no afectar el normal cumplimiento de la seguridad pública.
Por este motivo, se dispuso la reformulación estructural del sistema a través del decreto Nº 1225/26 DTO. Esta nueva normativa prohíbe explícitamente que el personal activo realice servicios adicionales mientras se encuentra cumpliendo funciones ordinarias o de guardia.
En consecuencia, la prestación de adicionales queda reservada únicamente para aquellos agentes que se encuentren en situación de franco, además de prever una mejora remunerativa para quienes efectivamente realicen el servicio adicional.
Transparencia y garantías institucionales
Respecto de la denuncia, los hechos se encuentran en pleno proceso de investigación por parte de la fiscalía competente. El Ministerio de Seguridad y Justicia indicó que facilita activamente el avance de la causa mediante la entrega de pruebas y una total apertura institucional.
Asimismo, la cartera estatal descartó de manera categórica cualquier tipo de represalia y garantizó que no se adoptará ninguna medida administrativa ni sancionatoria contra los funcionarios denunciantes, respaldando el derecho a exponer las irregularidades que atenten contra el patrimonio público.
Finalmente, y conforme al estado de derecho, se recordó que por el momento rige el principio de inocencia respecto de los funcionarios denunciados. Serán los fiscales actuantes quienes resuelvan la causa penal, cuyos resultados podrían dar origen a resoluciones administrativas concomitantes.
El Ministerio de Seguridad y Justicia ratificó su compromiso con la regularización y transparencia del sistema de adicionales policiales en Entre Ríos.
