Cuando la democracia retrocede
eleconomista.com.ar
Tomás S. Marchetta
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La reciente caída de Argentina en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2026 de Reporteros Sin Fronteras (RSF) es mucho más que un dato sectorial. El país bajó del puesto 87 al 98 y su puntuación descendió de 56,14 a 52,44. Detrás de esos números aparece un problema político de fondo. Cuando el periodismo trabaja bajo hostigamiento, cuando las preguntas se castigan con campañas de desprestigio y cuando los medios de comunicación son tratados como enemigos, la democracia empieza a perder una de sus defensas más importantes.
RSF describe un escenario preocupante. Las injurias, la difamación y las amenazas de la administración de Javier Milei contra periodistas y medios críticos se volvieron una constante desde su llegada al poder. Este deterioro de la libertad de prensa no ocurre en el aire. Es un síntoma de una degradación democrática más amplia. El Democracy Report 2026 de V-Dem ubica a la Argentina entre los diez procesos de autocratización más significativos del mundo y señala que ese proceso comenzó con la actual presidencia. Según el informe, desde 2023 se registran ataques a la libertad de expresión, a los medios de comunicación y a organizaciones de la sociedad civil. La Argentina aparece allí junto a países como Hungría, India y Estados Unidos, con una caída de 0,171 puntos en el Índice de Democracia Liberal.
La gravedad del diagnóstico está en la forma que adopta el deterioro. Las democracias actuales rara vez se rompen de un día para el otro. Se desgastan desde adentro, muchas veces por acción de dirigentes que llegaron al poder por medio del voto. Levitsky y Ziblatt explican que la erosión democrática suele avanzar sin un momento único de quiebre. Las elecciones siguen existiendo, los edificios institucionales abiertos y las autoridades conservan legitimidad de origen. Mientras tanto, se debilitan los controles, se deslegitima al adversario y se naturaliza la agresión como método de gobierno.
Por eso el problema argentino no puede medirse solamente por una cuestión procedimental como la existencia de elecciones. La democracia necesita voto popular, libertad de expresión, acceso a información confiable, pluralismo, controles institucionales y respeto por los límites del poder. Cuando el oficialismo convierte al periodismo en blanco permanente, cuando se agrede al Congreso de la Nación llamándolo nido de ratas y cuando se presenta toda crítica como una operación enemiga, el sistema conserva su forma, aunque pierde calidad democrática.
Jürgen Habermas sostuvo que la democracia empieza en el diálogo, en la razón pública y en la posibilidad de construir entendimiento entre ciudadanos. Esa idea resulta central para mirar el presente argentino. Una sociedad democrática necesita conflicto, diferencias y competencia. También necesita reglas compartidas para procesar esas diferencias. Sin conversación pública abierta, sin periodistas que puedan preguntar y sin ciudadanos capaces de disentir sin miedo al castigo simbólico, la democracia se empobrece.
La polarización profundiza ese deterioro. En toda democracia hay divisiones políticas legítimas. El problema aparece cuando la competencia se transforma en una frontera moral entre campos irreconciliables. Murat Somer y Jennifer McCoy llamaron a esto polarización perniciosa. Allí ya no se discute con un adversario, sino que se combate contra un enemigo. Esa lógica vuelve sospechosa cualquier crítica, reduce los matices y convierte la política en una maquinaria de obediencia emocional.
También afecta la capacidad de gobernar. Corregir un error parece una rendición. Negociar parece una traición. Escuchar parece una debilidad. Así se vuelven inestables las políticas públicas y se reemplaza la planificación por gestos de confrontación permanente. Los costos de la política también incluyen el daño que produce una dirigencia cuando prefiere explotar la grieta antes que resolver problemas.
El dato político más relevante es que el deterioro institucional empieza a convivir con señales de desgaste social del Gobierno nacional. Santiago Tulián señaló recientemente que el Índice de Confianza, elaborado por la Universidad Torcuato Di Tella, acumula cinco meses consecutivos de retroceso y que en abril cayó 12,1% en relación con marzo. La encuesta de Atlas-Intel y Bloomberg, realizada en abril sobre más de 4.800 casos, refuerza esa tendencia. Según ese relevamiento, el 63% de los argentinos desaprueba la gestión de Milei y el 59,3% la considera mala o muy mala. Además, el presidente quedó ubicado en el quinto lugar del ranking de imagen positiva de dirigentes políticos.
Estos datos no cancelan la advertencia del informe de V-Dem. La vuelven más urgente. En una república, las mayorías gobiernan dentro de reglas. Cuando esas reglas se degradan, el poder deja de estar limitado por la democracia y empieza a usarla como cobertura. Y cuando además cae la confianza pública, la tentación de profundizar la confrontación puede volverse todavía más fuerte.
La salida exige una estrategia democrática de despolarización y responsabilidad institucional. Los liderazgos políticos deben abandonar la tentación de rascar un voto con discursos que incendian el espacio público. Los medios tienen que revisar su papel en la amplificación de la furia. Los partidos democráticos deben construir acuerdos básicos para defender la libertad de prensa, fortalecer el Congreso, proteger la independencia judicial y garantizar un ecosistema informativo diverso.
La Argentina está empezando a conocer demasiado bien los riesgos de naturalizar el deterioro. Defender la democracia hoy implica volver a construir una cultura pública donde disentir sea legítimo, informar sea posible y gobernar implique aceptar controles. Sin eso, la democracia sigue en pie, pero cada día respira peor.
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