El Gobierno mantiene la presión sobre la Superliga y espera a la Justicia por la AFA
El plazo para responder los requerimientos de los veedores venció el viernes pasado a la medianoche. En Nación sostienen que la entidad presidida por Chiqui T
El Gobierno nacional evalúa avanzar con nuevas medidas administrativas contra la Superliga Argentina mientras aguarda una resolución judicial vinculada a la veeduría dispuesta sobre la Asociación del Fútbol Argentino.
Según trascendió, en el Ministerio de Justicia consideran que la situación de ambas entidades es diferente y aseguran que el margen de acción sobre la Superliga es más amplio que en el caso de la AFA, donde existe una apelación en trámite ante la Justicia civil.
Fuentes oficiales señalaron que, respecto de la AFA, el Ejecutivo esperará la resolución de la Cámara antes de avanzar con posibles apercibimientos o nuevas sanciones administrativas. "Tenemos que esperar que resuelva la Cámara para poder apercibirlos", indicaron.
El escenario sería distinto para la Superliga. Desde la Casa Rosada sostienen que la entidad únicamente manifestó su desacuerdo con la veeduría y que ese planteo ya fue rechazado por la Inspección General de Justicia (IGJ).
En ese marco, el Gobierno busca mantener abierta la vía administrativa y no descarta nuevas acciones en los próximos días. "La semana que viene seguramente prosigamos con alguna medida según requieran los veedores", expresaron desde el entorno oficial.
LAS FACULTADES DE LA IGJ
La Inspección General de Justicia tiene atribuciones para fiscalizar asociaciones civiles y fundaciones, además de controlar su funcionamiento y actuar ante presuntas irregularidades.
La Ley 22.315 habilita al organismo a investigar denuncias, asistir a asambleas, convocarlas y aplicar sanciones cuando detecta incumplimientos legales o trabas a la tarea de fiscalización.
Entre las herramientas disponibles figura la posibilidad de emitir nuevas intimaciones formales para exigir documentación o permitir el acceso requerido por los veedores.
En caso de incumplimiento, la IGJ puede aplicar sanciones que van desde apercibimientos hasta multas económicas. El monto máximo previsto fue actualizado mediante el Decreto 609/2024 y asciende a $ 8 millones.
Además, la normativa contempla medidas más severas en situaciones consideradas graves, como declarar la irregularidad administrativa de actos institucionales o incluso solicitar la intervención de una asociación civil o el retiro de la autorización para funcionar.
EL FOCO PUESTO EN EL FÚTBOL ARGENTINO
Mientras espera la definición judicial sobre la apelación presentada por la AFA, el Gobierno mantiene el seguimiento sobre las entidades vinculadas al fútbol argentino y busca sostener la presión documental a través de la vía administrativa.
Desde el Ministerio de Justicia monitorean especialmente si la Superliga decide judicializar el conflicto o mantiene la resistencia dentro del plano administrativo.
"Es un proceso largo", reconocieron fuentes oficiales sobre una disputa que sigue sumando tensión entre el Gobierno y las entidades del fútbol argentino.
