La irresponsabilidad de Nación se paga con la vida: provincias y usuarios denuncian crisis vial
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La irresponsabilidad de Nación se paga con la vida: provincias y usuarios denuncian crisis vial
Gobiernos del norte y el centro del país alertan por el deterioro de la red nacional, el freno de obras clave y el DNU 253/2026 que transfiere tramos a las provincias
El deterioro de las rutas nacionales se convirtió en una crisis vial de alcance federal, con reclamos simultáneos desde Salta, La Pampa y Santa Fe por abandono de la red vial, recortes presupuestarios y paralización de obras de mantenimiento que, advierten, ponen en riesgo la vida de los usuarios, la producción regional y la conectividad territorial.
En ese contexto, crece el rechazo al DNU 253/2026, que impulsa la provincialización de tramos de rutas nacionales y abre una fuerte disputa política e institucional con la Casa Rosada.
Salta: Circular por esos caminos hoy es arriesgar la vida
En Salta, el director de Vialidad provincial, Gonzalo Macedo, fue contundente al describir el estado de las calzadas que dependen de la Nación y atraviesan el territorio salteño.
En declaraciones a medios locales, Macedo advirtió que la situación más crítica se registra sobre la ruta nacional 9/34, en el tramo entre Yatasto y Metán: En la actual ya no se puede circular, está en un nivel de deterioro total y hay ondulaciones muy peligrosas. Circular por esos caminos hoy es arriesgar la vida, sentenció.
El funcionario detalló que la obra de la autopista sobre la RN 9/34 está prácticamente frenada: de los 24 kilómetros previstos, apenas se trabaja sobre unos 800 metros de terraplén.
Denunció que la empresa encargada de los trabajos no cobra certificados desde octubre y solo mantiene tareas mínimas para evitar la paralización total del proyecto.
Macedo reveló además que ya existen presentaciones judiciales contra Vialidad Nacional por el estado de las rutas y cuestionamientos de usuarios por el cobro de peajes en sectores deteriorados.
La falta de financiamiento nacional, agregó, afecta otras obras clave como la ruta nacional 51 y el puente de Vaqueros, para el cual el gobierno provincial debió adelantar fondos con el objetivo de evitar su paralización.
La Pampa: 74 intendentes firman un duro documento
En La Pampa, 74 intendentes de localidades atravesadas por corredores federales tanto del oficialismo como de la oposición emitieron un documento conjunto en el que manifestaron su profunda preocupación por el abandono de las rutas y los drásticos recortes de fondos de mantenimiento aplicados en el Presupuesto Nacional 2026.
Los mandatarios locales enfatizaron que las rutas nacionales no son solamente caminos, sino arterias vitales para la vida cotidiana, la producción, el comercio, el turismo, el transporte de cargas y los traslados sanitarios urgentes.
En el comunicado, subrayaron que el abandono de las rutas impacta directamente en la seguridad de quienes transitan a diario y que el deterioro multiplica los riesgos y genera una situación de preocupación permanente para nuestras comunidades, remarcaron.
Los intendentes respaldaron la propuesta del gobierno provincial para que la Nación transfiera los fondos adeudados o, en su defecto, ceda la jurisdicción y el control de los corredores viales para que el Estado pampeano pueda intervenir de manera directa.
En esa línea, solicitaron la urgente reactivación y financiamiento de las obras comprometidas sobre las rutas nacionales 5, 35, 143, 151, 152, 154 y 188.
Santa Fe: La irresponsabilidad de Nación se paga con la vida de los santafesinos
En Santa Fe, la crisis vial encontró una fuerte caja de resonancia en el Senado provincial. El cuerpo aprobó por unanimidad un proyecto del legislador por Rosario, Ciro Seisas, que exige al Gobierno nacional que, en forma urgente y detallada, informe sobre la situación institucional, operativa y presupuestaria de la Dirección Nacional de Vialidad y sobre el estado de las rutas nacionales que atraviesan la provincia.
Seisas fue categórico en declaraciones públicas: La irresponsabilidad de Nación se paga con la vida de los santafesinos, advirtió.
El senador señaló que, de los 43.000 kilómetros de rutas nacionales en todo el país, gran parte se encuentra en estado deplorable, y que se van a licitar solo 9.000 kilómetros, licitaciones que tampoco se ejecutan, cuestionó.
En el sur santafesino, sobre todo en el Gran Rosario, circulan unos 2 millones de camiones por año con un nivel de mantenimiento inexistente, remarcó el legislador.
En paralelo, el Senado fue escenario de una audiencia pública en la que legisladores, intendentes y vecinos expusieron su preocupación por el deterioro de la RN 34 y adelantaron que impulsarán una demanda colectiva para exigir a la Nación la ejecución de obras urgentes.
El ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico, ya había advertido que la situación podría derivar en responsabilidades judiciales: Decidir no reparar rutas, mientras se sigue cobrando el impuesto a los combustibles, puede tener consecuencias legales, alertó.
Datos alarmantes: más del 50% de las rutas nacionales santafesinas está en mal estado
En Santa Fe, la crisis vial alcanzó dimensiones alarmantes. Según un informe de la Federación del Personal de Vialidad Nacional (Fepevina), más del 53% de los 2.700 kilómetros de rutas nacionales en territorio santafesino se encuentra en estado malo.
Apenas el 20% puede considerarse en buenas condiciones, mientras que el resto presenta un nivel regular, de acuerdo con el Índice de Estado (IE), que mide variables como fisuras, deformaciones, rugosidad y desprendimientos del pavimento.
El deterioro dejó de ser una postal de abandono para convertirse en una amenaza cotidiana: entre enero y abril de 2026 se registraron 34 muertes en siniestros viales sobre estos corredores.
La tasa de mortalidad en rutas nacionales santafesinas alcanza los 1,3 fallecidos cada 100 kilómetros, mientras que en las rutas provinciales ese número desciende a 0,2. Es decir, la siniestralidad fatal es seis veces mayor en los corredores bajo jurisdicción nacional.
Las rutas más transitadas como la 11, 33, 34, 8, 9 y 168 concentran los mayores niveles de deterioro. Conductores habituales denuncian baches profundos, banquinas inestables, falta de iluminación y señalización deficiente.
Desde Fepevina sintetizaron el diagnóstico con crudeza: Más que ahuelladas, las rutas tienen cráteres, graficaron.
Pullaro: Ya no hablamos de pozos, sino de cráteres
El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, redobló el reclamo por infraestructura vial en un acto celebrado en la Bolsa de Comercio de Rosario, con motivo del remate del primer lote de soja de la campaña 2025/26.
Allí, el mandatario fue categórico al denunciar el abandono de las rutas nacionales: Ya no hablamos de pozos, sino de cráteres, graficó, para luego insistir en que esos corredores son responsabilidad de la Nación.
Pullaro vinculó el reclamo con el esquema de retenciones agropecuarias: Son recursos que deberían destinarse a mejorar la infraestructura productiva, señaló, y advirtió que nuestros transportistas no pueden seguir atravesando dificultades cada vez que intentan llegar a los puertos.
Dejó en claro que, ante la inacción del Gobierno nacional, su gestión decidió avanzar con recursos propios: No solo reclamamos, también nos hacemos cargo, remarcó.
Fuerte rechazo al DNU 253/2026 y al modelo de peajes
En medio de la crisis, el Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV) expresó su fuerte rechazo a la provincialización de tramos de rutas nacionales instrumentada a través del DNU 253/2026.
La entidad calificó la medida como ilegal, inconstitucional e inoportuna, al considerar que carece de una ley formal que la respalde y que vulnera principios básicos del sistema federal.
El CONADUV advirtió que la transferencia de rutas nacionales a las provincias requiere la intervención del Congreso y la asignación de recursos específicos, condiciones que según plantean no se cumplen en el decreto.
También cuestionó el mecanismo de financiamiento previsto, basado en el cobro de peajes directos en ruta, al que calificó como un impuesto encubierto que vulnera el principio de legalidad tributaria y podría generar una doble imposición, dado que los usuarios ya aportan al sistema vial a través del impuesto a los combustibles.
Desde la entidad proponen una alternativa sustentada en un plan vial integral financiado con recursos ya existentes, en particular los provenientes del Impuesto a los Combustibles, que según remarcan la Nación no redistribuye entre las provincias desde que asumió Javier Milei.
En ese marco, rechazan el modelo de peajes generalizados: El país necesita un sistema vial eficiente, sin barreras ni costos adicionales para los usuarios, que garantice la libre circulación y el desarrollo productivo, señaló el CONADUV.
