Un presidente irascible cuya palabra va perdiendo valor - Parlamentario
Once días después del anuncio que buscaba cerrar la polémica por el caso Adorni, el incumplimiento expone un problema mayor: un Presidente cada vez más reactivo, con dificultades para sostener sus propias promesas y en un contexto económico que erosi
Once días después del anuncio que buscaba cerrar la polémica por el caso Adorni, el incumplimiento expone un problema mayor: un Presidente cada vez más reactivo, con dificultades para sostener sus propias promesas y en un contexto económico que erosiona su credibilidad y su capital político.
Este domingo se cumplen once días desde que el Presidente adelantó que su jefe de Gabinete adelantaría la presentación de su declaración jurada, tal cual había reclamado horas antes la senadora Patricia Bullrich. Desde Estados Unidos, Javier Milei dijo esa noche en una entrevista que pidió que le hicieran en La Nación+, que Manuel ya tiene todas las cosas listas y estaba por presentar los números por adelantado () Lo que hizo Patricia fue spoilear lo que iba a suceder.
Eso aún no sucedió y es uno de los efectos más nocivos del caso Adorni, pues no hay nada peor para un presidente que la devaluación de su palabra. Sobre todo en el caso de Milei, que alardea permanentemente de estar haciendo exactamente lo que dijo en campaña.
Hay que reconocer que mucho de lo que prometió lo ha hecho realidad: achicar drásticamente el Estado; eliminar ministerios, quitar subsidios; endurecer las políticas de seguridad; la reforma laboral; alinear la política exterior con Washington e Israel Pero justamente en economía -el área que Milei domina-, es donde se registran los incumplimientos más notorios: en campaña prometió dolarizar; eliminar el Banco Central para impedir la emisión monetaria, y bajar la inflación a cero, entre otras cosas, pero estas tres eran las más rimbombantes. Quedaron lejos y todos coinciden que es mejor que no haya cumplido esos proyectos que proclamaba a los gritos, pero en el caso de la inflación ha llegado a un piso que obviamente contrasta con lo que dejó el gobierno anterior, mas es muy elevado para los estándares propuestos por Milei, a dos años y medio de gestión. Ni qué decir con su promesa, reiterada varias veces, de que la inflación comenzaría con cero a partir de agosto. Eso tampoco sucederá y se lo recordarán convenientemente cuando la realidad lo corrobore.
Eso sí: el jueves pasado el gobierno tuvo la primera buena noticia en la materia de los últimos once meses, cuando se conoció que la inflación de abril fue de 2,6%, casi un punto menos que el mes anterior (3,4%). Un dato positivo, que todos anticipaban, como también advierten que en mayo el índice pegará otro respingo. Veremos. La realidad concreta es que, al cabo del primer cuatrimestre, quedó superada la inflación anual estimada en el Presupuesto 2026. Era de 10,1%, y en lo que va del año se acumularon 12,3 puntos.
La palabra presidencial devaluada y una inflación que si bien ha bajado sustancialmente respecto de la era Massa, está lejos de llegar a lo previsto por Milei, es una combinación que explica en gran medida la fuerte caída de su imagen.
Un trabajo de DAlessio Irol Berensztein expresa que un 68% de los encuestados (4 puntos más que el mes anterior) considera que la situación económica está peor que el año pasado, contra un 31% que cree estar mejor. Dato relevante: entre los votantes de LLA, el optimismo cayó 6 puntos. Y las expectativas económicas respecto del próximo año, en el que se elegirá presidente, decrecieron dos puntos: un 39% de la población cree que la economía estará mejor, y un 56 la ve peor.
Según DAlessio Irol Berensztein, la percepción sobre la gestión del Gobierno de Milei continúa sin encontrar su piso luego de los escándalos y sospechas de corrupción dentro del gabinete, llegando a un nuevo mínimo para esta gestión: el 61% lo evalúa negativamente y un 37% continúa apoyando.
Guillermo Francos encabeza la lista de imagen positiva, con 46%, completando ese top tres Patricia Bullrich (43%) y Mauricio Macri (40%), quien mejoró 5 puntos en los últimos dos meses. El presidente Milei se ubica séptimo, con 35%, detrás de Axel Kicillof, el principal líder opositor, que goza de un 40% de valoración positiva.
Datos que explican el tono desmedido del Presidente en su raid mediático del jueves pasado por plataformas libertarias, donde insultó a medio mundo -con preferencia en el periodismo en general y Débora Plager en particular- y usó, a lo largo de las cinco horas que les dedicó, un lenguaje impropio para un mandatario. Es como si no le preocupara el rubor que como mínimo embarga a quienes, alejados del fanatismo, escuchan expresarse así al Presidente de la Nación, y solo atendiera una supuesta realidad limitada a las redes sociales donde pasa no menos de cinco horas diarias. En ese marco, se mimetizó con sus interlocutores, de los que se confiesa oyente, en su calidad de usuario denominado Javier Milei 55. A ellos les habla, y en su nombre, solo a los propios.
Sin mostrar mayor empatía con quienes sufren las consecuencias de una micro que no termina de alinearse con una macro más positiva, sobre los que expresó, eso sí, que al tomar decisiones no te podés olvidar que hay gente detrás, porque te equivocás y la gente se caga de hambre.
En una de las entrevistas con esos entusiastas militantes, el Presidente confirmó haber sido él quien ordenó dejar de emitir LEFI (Letras Fiscales de Liquidez), un instrumento clave del esquema económico de la primera parte de la gestión mileísta. La medida fue tomada para eliminar pasivos del Banco Central, evitar emisión monetaria y pasar a un esquema de agregados monetarios; dicho en otras palabras: sacar del medio un mecanismo que generaba intereses automáticos y ordenar la política monetaria. Si bien Milei la reivindicó, esa decisión generó un shock importante: al desarmar las LEFI, quedaron miles de millones de pesos libres en los bancos, y como sobraban pesos, las tasas cortas se desplomaron. Ese exceso de liquidez empujó la demanda de dólares, y fue así que se generó en julio de 2025 un clima de inestabilidad, con suba del dólar, cambios en las tasas e intervención del BCRA.
A partir de entonces, la inflación no volvió a bajar. Si hay algo peor que la credibilidad de la palabra presidencial decaiga, es que la idoneidad sea puesta en duda por los resultados.
Convertida por decisión propia del Ejecutivo en antagonista perpetua, la comunidad universitaria concretó el martes pasado una nueva protesta, la cuarta de la era Milei. Si bien fue masiva, con réplicas en las principales ciudades de todo el país, el Gobierno optó por asignarle un matiz político; y como la primera de esas marchas fue realmente enorme, surgió la comparación con la cual desde el poder optaron por minimizarla. Como si algunos miles más, o unos miles menos hicieran la diferencia. Como sea, el Gobierno está lejos a esta altura de reconsiderar su postura y seguirá sin implementar la Ley de Financiamiento Universitario votada varias veces y cuyo veto fue derogado en el Congreso, hasta que la Corte Suprema resuelva.
El Tribunal Superior ya está en poder del expediente y en condiciones de hacerlo fallar, pero maneja los tiempos. Aunque todo indica que, llegado el momento, le ordenará al Poder Ejecutivo cumplir con la norma. Los miembros de la Corte sostienen que los problemas de la política los tiene que resolver la política, y éste es un conflicto entre poderes donde la política intervino una y otra vez aprobando lo que el Ejecutivo ahora no cumple.
No hay plata: si ya tenía ese argumento para mantenerse en sus trece, el Gobierno ahora tiene más justificativos. En vísperas de la movilización, el Poder Ejecutivo publicó la Decisión Administrativa 20/2026 que dispone una modificación del Presupuesto 2026 con un fuerte recorte del gasto público, en lo que constituye una de las medidas de ajuste más relevantes recientes.
El recorte redondea los $2,5 billones del gasto público, y equivale nada menos que aproximadamente 1,6% del PBI o del total del presupuesto.
El mayor ajuste será en subsidios energéticos y tarifas (los pasajes de transporte subirán fuerte y escalonadamente hasta septiembre), a razón de $1,47 billones menos. La reducción de programas energéticos será de cerca de $359.000 millones menos.
En Educación, habrá recortes en el Fondo de Compensación Salarial Docente; el Plan Nacional de Alfabetización; transferencias a EDUC.AR, e infraestructura universitaria. En este contexto, habrá más de $78.000 millones menos en partidas docentes.
En Salud, habrá recortes en programas sensibles, como el de prevención y tratamiento del cáncer (más de $63.000 millones).
Habrá también menos fondos para rutas, agua y saneamiento, y caída de transferencias a las provincias por unos $970.000 millones, afectando obras y recursos locales.
Están incluidos en el ajuste los refuerzos de partidas para pagos judiciales previsionales, como así también fondos para retiros voluntarios en ANSeS.
Las medidas del Gobierno obedecen a la baja en los ingresos fiscales, consecuencia de la fuerte caída del consumo que incide en la recaudación. Como respuesta, el Gobierno ratificó que no modificará el rumbo del ajuste.
En este marco, una de las promesas que sí se mantienen vigentes resulta ser aquella que le confesó a una periodista del sitio estadounidense The Free Press: Amo ser el topo dentro del Estado. Soy el que destruye el Estado desde adentro.
Nadie podrá decir que ahí el Presidente haya faltado a la verdad.
