Se duplicó la cantidad de trabajadores cordobeses bajo procedimientos de crisis en cinco meses
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Entre enero y mayo de este año, la cantidad de trabajadores alcanzados por procedimientos preventivos de crisis (PPC) en Córdoba pasó de 3.330 a 6.006, lo que implica un salto del 80% en empleados suspendidos o con reducción de jornada y, por ende, con cobro parcial de sus salarios.
Así surge de los indicadores de conflictividad laboral que elabora el Ministerio de Trabajo y Justicia de Córdoba, que debió intervenir en una mayor cantidad de PPC y en conflictos individuales entre empleadores y trabajadores, según reveló el diario La Voz del Interior.
De acuerdo con los registros de la Secretaría de Trabajo, los 6.006 empleados afectados se contabilizaron al 8 de mayo. En la mayoría de los casos, los acuerdos contemplan el pago de entre el 50% y el 75% del salario, generalmente bajo la figura de suspensiones o reducciones de jornada.
Qué son los procedimientos preventivos de crisis
Vale recordar que los PPC son un mecanismo previsto por ley para ayudar a las empresas a transitar momentos de fuerte caída de actividad. En ese marco, pueden negociar con los sindicatos bajo la tutela de la cartera laboral y acordar condiciones especiales, como suspensiones, con el fin de evitar despidos masivos.
En la práctica, estos procedimientos permiten a las firmas bajar el costo laboral mientras buscan cómo sortear el bajón en la demanda o en la producción. Suelen aplicarse por tres meses, con posibilidad de renovación hasta un año.
Al cabo de ese plazo, se supone que la empresa logró reacomodarse o, si no es el caso, inicia un proceso de cierre. Por eso, los PPC funcionan como un termómetro del riesgo sobre el empleo formal y de mayor calidad, ya que a ellos acceden principalmente unidades productivas en regla.
Más empresas involucradas y expedientes en trámite
El informe del Ministerio de Trabajo detalla que el número de empresas con PPC vigentes también aumentó: pasó de 34 firmas en enero a 40 a mitad de mayo.
Sobre esos procedimientos ya aprobados, hay otros 17 solicitados y en trámite ante las autoridades laborales, lo que anticipa una posible ampliación del universo de compañías y trabajadores alcanzados en los próximos meses.
En la industria y en la provisión de servicios a gran escala como el rubro de la seguridad privada se concentra la mayor parte de los PPC activos en la provincia.
Impacto sectorial y pérdida de empleo formal
El ministro de Justicia y Trabajo, Julián López, describió a La Voz del Interior un panorama preocupante vinculado a la caída nacional de la actividad en sectores de alto empleo. Desde fines de 2023 a fin de 2025, Córdoba perdió 3.971 empresas y unos 14.600 puestos de trabajo formales, advirtió.
Cuando se analiza el alcance de los procedimientos de crisis por tipo de actividad, dos sectores se destacan por su escala: la industria automotriz y las empresas de vigilancia, ambas con planteles numerosos de trabajadores.
Los expedientes vinculados a terminales automotrices en la ciudad de Córdoba y a una planta autopartista en San Francisco agrupan a cerca de 3.000 trabajadores afectados. Esta cifra representa el 50% del total provincial registrado hasta mayo de 2026.
En estos establecimientos, los acuerdos vigentes establecen regímenes de suspensiones y pagos de sumas no remunerativas que promedian entre el 65% y el 75% del salario neto.
Seguridad privada y otros rubros en crisis
Por su parte, el rubro de la seguridad privada mantiene una participación relevante y sostenida en el mapa de conflictividad. Cerca de 10 empresas del sector atraviesan PPC que alcanzan a aproximadamente 2.000 empleados.
Este segmento explica alrededor de un tercio de la totalidad de trabajadores bajo medidas de reducción o suspensión en la provincia. Los acuerdos en este rubro suelen contemplar el pago del 75% de los haberes bajo conceptos no remunerativos durante los períodos de inactividad.
Otros sectores con menor incidencia relativa, pero con expedientes abiertos, incluyen a la industria metalúrgica. Los empleadores de esta rama manifiestan ante la autoridad laboral la imposibilidad de afrontar el pago de salarios debido al impacto de la apertura de importaciones.
En actividades como el plástico y la madera, las empresas reportan falta de ventas y situaciones que derivan en procesos de cierre de unidades productivas, lo que suma presión adicional sobre el empleo formal en Córdoba.
