Nueva denuncia contra el hermano de Manuel Adorni: La Justicia investiga el destino de fondos estatales girados al IOSFA
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La diputada nacional Marcela Pagano presentó una nueva denuncia penal contra Francisco Jorge Adorni, hermano del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunta administración fraudulenta en torno al préstamo extraordinario de $40.000 millones que el Instituto de Ayuda Financiera (IAF) le otorgó al IOSFA, la obra social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad que terminó colapsada financieramente y en proceso de disolución.
El caso se inscribe en un cuadro de crisis sanitaria y financiera: el IOSFA fue reestructurado y ahora se denomina OSFA, pero mantiene una deuda de $220.000 millones con prestadores y suspendió innumerables prestaciones médicas y el envío de medicamentos.
El conflicto se agravó tras la renuncia de su titular, el general de brigada Sergio Maldonado, hace una semana, luego del suicidio del suboficial Carlos Vázquez en San Juan, vinculado a la falta de atención oncológica. No podía más de los dolores y no le mandaron medicamentos, señalan en la actual OSFA.
Maldonado fue reemplazado por el general de brigada Pablo Plaza, por decisión del ministro de Defensa, general Juan Carlos Presti. La denuncia por administración fraudulenta contra Francisco Adorni puede salpicar al exministro de Defensa, Luis Petri, hoy diputado nacional, por el presunto abandono de la obra social militar.
En paralelo, el presidente Javier Milei mantiene un discurso de respaldo a las Fuerzas Armadas y de Seguridad, pero los aumentos salariales en el sector están atrasados. En ese contexto, el IOSFA congeló sus ingresos mientras sus gastos crecían, hasta el punto de abandonar prestaciones esenciales.
La presentación de Pagano también incluye cargos por supuesta malversación de fondos públicos y presuntas negociaciones incompatibles con la función pública contra Francisco Adorni, actualmente legislador bonaerense.
La causa recayó en el Juzgado Federal N° 3, a cargo de Daniel Rafecas, quien delegó la investigación en la fiscal Alejandra Mangano. Esta denuncia se suma a otra causa por supuesto enriquecimiento ilícito contra Francisco y Manuel Adorni, donde se investiga la cancelación acelerada de un crédito hipotecario de $60 millones sin origen preciso de los fondos, la compra de vehículos y presuntos movimientos patrimoniales incompatibles con los ingresos declarados.
El préstamo de $40.000 millones y el rol de Francisco Adorni
Francisco Jorge Adorni, hermano del actual jefe de Gabinete, quedó en el centro de la escena judicial por el supuesto otorgamiento y la falta de control de un préstamo extraordinario de aproximadamente $40.000 millones al IOSFA, la obra social militar que terminó virtualmente quebrada, con prestaciones suspendidas, deudas multimillonarias y posterior disolución por decreto presidencial.
El expediente plantea una hipótesis de presunta administración fraudulenta en perjuicio del Estado y solicita una batería de medidas de prueba sobre el destino del dinero, la trazabilidad bancaria de los fondos destinados al ex IOSFA y el eventual beneficio económico de funcionarios y terceros.
La presentación judicial no sólo apunta a Francisco Adorni. También pide investigar el rol del entonces ministro de Defensa, Luis Petri, de exautoridades del IOSFA y del propio IAF, además de determinar si existió un control político del crédito desde el Poder Ejecutivo en plena crisis de la obra social militar.
Según la denuncia, el IOSFA arrastraba durante 2025 una deuda que públicamente rondaba los $160.000 millones, aunque distintas fuentes oficiales y militares ya la estimaban por encima de los $220.000 millones, con cortes de servicios, atrasos con clínicas, laboratorios y droguerías, y reclamos permanentes de afiliados y retirados de las Fuerzas Armadas y de Seguridad.
En ese contexto crítico, el IAF otorgó un préstamo extraordinario de aproximadamente $40.000 millones. La operatoria fue cuestionada incluso en el Congreso, donde se presentó el expediente legislativo 1865-D-2025 para exigir explicaciones sobre las condiciones financieras del crédito, calificadas en distintos ámbitos parlamentarios como excesivamente onerosas.
La denuncia sostiene que el punto central no es sólo el otorgamiento del préstamo, sino lo ocurrido después de la llegada de Francisco Adorni a la conducción del IAF.
Pagano recuerda que, mediante la Resolución 543/2025 del Ministerio de Defensa, publicada en el Boletín Oficial el 17 de junio de 2025, Francisco Adorni fue designado presidente del Directorio del IAF con efectos retroactivos al 11 de junio de 2025, tras la salida de Betina Betsabé Surballe.
La resolución, remarca la denuncia, dejó asentado que la designación habría sido realizada a expreso pedido del entonces ministro Luis Petri.
Para la diputada, la maniobra política adquiere especial relevancia porque la llegada del hermano del entonces vocero presidencial y actual jefe de Gabinete se produjo en el momento exacto en que el organismo enfrentaba la mayor exposición patrimonial reciente: un crédito multimillonario otorgado a un organismo en quiebra fáctica.
Las sospechas sobre el manejo de los fondos
La presentación judicial sostiene que, desde su asunción, Francisco Adorni habría tenido obligaciones concretas e indelegables sobre el control del préstamo.
Entre ellas, verificar la legalidad y razonabilidad de la operación, exigir rendiciones de cuentas, monitorear la aplicación de los fondos, denunciar irregularidades ante la SIGEN y preservar el patrimonio previsional del IAF.
Sin embargo, la hipótesis que impulsa Pagano es exactamente la contraria: que Adorni habría convalidado una aplicación irregular de los fondos públicos y habría omitido controles esenciales mientras el IOSFA se encaminaba a su colapso definitivo.
La denuncia afirma que existen sospechas de que el dinero habría sido utilizado para cubrir deuda corriente con prestadores privados, clínicas, laboratorios y proveedores médicos, sin documentación respaldatoria suficiente ni trazabilidad transparente.
También se cuestiona que el IAF no habría exigido adecuadamente rendiciones de cuentas ni impulsado acciones patrimoniales para proteger el crédito frente al deterioro del IOSFA.
En ese marco, la presentación menciona posibles delitos de:
Administración fraudulenta agravada contra la administración pública
Malversación de caudales públicos
Peculado
Incumplimiento de deberes de funcionario público
Falsedad ideológica documental
Negociaciones incompatibles con la función pública
El escrito judicial además pone bajo análisis la eventual responsabilidad política de quienes promovieron la designación de Francisco Adorni.
Deberá investigarse si la decisión de remover a la anterior presidenta del Directorio y colocar al frente del IAF a una persona de confianza directa del Poder Ejecutivo tuvo razones técnicas o si se buscó asegurar el control político de un crédito de $40.000 millones cuya regularidad estaba siendo cuestionada, sostiene el texto.
El derrumbe del IOSFA y la disolución por DNU
La crisis terminó explotando formalmente con el DNU 88/2026, firmado por el Gobierno y publicado el 6 de febrero de 2026, mediante el cual se dispuso la creación de nuevas estructuras sanitarias la OSFA y la OSFFESEG y el inicio del proceso de disolución y liquidación del IOSFA.
El propio decreto reconoció un cuadro de desequilibrio estructural y desfinanciamiento. Posteriormente, el Ministerio de Defensa designó al coronel mayor retirado Ariel Guzmán como administrador del organismo y desplazó al directorio anterior.
Para la denunciante, este dato agrava aún más la situación de Francisco Adorni: el organismo deudor terminó intervenido y en liquidación mientras el IAF quedó expuesto a una deuda multimillonaria que comprometería recursos previsionales del personal militar.
La causa por presunto enriquecimiento ilícito
El frente judicial no termina allí. Pagano también presentó otra denuncia penal contra Francisco y Manuel Adorni por presunto enriquecimiento ilícito, falsedad en declaraciones juradas y eventual lavado de activos.
La investigación apunta especialmente a la evolución patrimonial de Francisco Adorni desde su desembarco en el Ministerio de Defensa.
Según la presentación, el funcionario declaró inicialmente en febrero de 2024 un patrimonio de $43,7 millones, compuesto por el 50% de una vivienda en City Bell y parte de un vehículo Chery Tiggo.
De acuerdo con la declaración jurada anual de 2025, habría exhibido un patrimonio neto cercano a los $80,5 millones, incluyendo la incorporación del 50% de una Jeep Renegade modelo 2020 y, sobre todo, la cancelación en apenas doce meses de un crédito hipotecario de aproximadamente $60 millones con el Banco Provincia.
La denuncia sostiene que, aun tomando los salarios oficiales del funcionario, resultaría insuficiente justificar semejante cancelación en tan corto plazo.
Allí aparece otro de los puntos políticamente más sensibles de la presentación: la hipótesis de que Francisco Adorni pudiera haber actuado como interpósita persona de Manuel Adorni, hoy investigado en otra causa por presunto enriquecimiento ilícito.
La diputada menciona incluso supuestos movimientos financieros de origen difuso y eventuales operaciones con criptoactivos bajo análisis judicial en expedientes paralelos.
El paquete de pruebas y la trazabilidad del dinero
La denuncia presentada ante Rafecas y que investiga la fiscal Mangano reclama una investigación patrimonial y financiera de máxima profundidad.
Entre otras medidas, solicita:
Los expedientes completos del préstamo IAF-IOSFA
Actas del Directorio
Comunicaciones internas
Movimientos bancarios
Informes de la SIGEN
Reportes de operaciones sospechosas
Declaraciones juradas
Peritajes contables
Análisis sobre beneficiarios finales de los pagos
Levantamiento del secreto fiscal y bancario
Inhibición de bienes
También pide rastrear la trazabilidad completa de los $40.000 millones y determinar si parte de esos fondos terminó en circuitos ajenos al destino público declarado.
La presentación solicita además investigar si hubo destrucción, ocultamiento o manipulación documental en el marco del proceso de disolución del IOSFA.
Mientras tanto, en el Gobierno crece la preocupación por el avance simultáneo de varias denuncias sobre funcionarios del entorno presidencial. La figura de Manuel Adorni quedó nuevamente bajo presión judicial y política, ahora con su hermano en el centro de una investigación que mezcla fondos previsionales militares, una obra social colapsada, sospechas patrimoniales y una trama de presunto control político sobre organismos sensibles del Estado.
