FOPEA denunció que Milei criminaliza la opinión tras llamar sorete y cómplice de genocidio a Débora Plager
| El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) emitió un duro comunicado de respaldo a la periodista Débora...
El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) emitió un duro comunicado respaldando a la periodista Débora Plager luego de las agresiones verbales que recibió por parte del presidente Javier Milei.
Los ataques se produjeron la noche del jueves 15 de mayo durante una emisión del programa Las tres anclas, transmitido por la señal de streaming Carajo y conducido por el militante libertario Daniel Parisini, conocido públicamente como «Gordo Dan».
Agravios presidenciales y tergiversación de dichos
En esa transmisión, el jefe de Estado atacó de forma directa a la conductora de LN+, tildándola de «sorete» y acusándola de ser «cómplice de asesinato» y «cómplice de genocidio».
Según detalló FOPEA, los agravios presidenciales se basaron en una tergiversación deliberada de los dichos de la comunicadora, a partir de declaraciones suyas sobre el caso de la clínica Santa María de Villa Ballester.
Plager había establecido una separación explícita entre el marco del aborto legal y los hechos delictivos investigados en esa clínica, catalogando a estos últimos como un asesinato.
Sin embargo, el presidente omitió esa aclaración clave y estructuró su descargo en base a datos falsos y fuera de contexto, remarcó la organización.
FOPEA habló de criminalización de la opinión
La entidad que nuclea a periodistas de todo el país advirtió que el accionar del mandatario representa un peligroso precedente para la labor profesional y para el clima del debate público.
En primer lugar, FOPEA señaló un intento de criminalización de la opinión: alertó que los insultos vertidos desde la máxima magistratura del país buscan amedrentar a quienes manifiestan disidencias con el Poder Ejecutivo.
En segundo término, el foro habló de un exceso del debate público y aclaró que la descalificación personal y la imputación de delitos graves no forman parte del ejercicio de la libre expresión ni de la crítica periodística.
Por último, subrayó la gravedad institucional del episodio: enfatizó que atacar mediante descontextualizaciones deliberadas erosiona las garantías constitucionales esenciales de una sociedad democrática.
El documento concluye recordando que la fiscalización del poder es una tarea medular del periodismo, por lo que el uso de agravios e intimidaciones desde el ámbito oficial atenta de forma directa contra el pluralismo y la libertad de prensa en la Argentina.
