Proponen suspender embargos y ejecuciones para aliviar a familias endeudadas
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La recesión, el ajuste y las altas tasas terminan generando un círculo de exclusión que golpea especialmente a los sectores medios y trabajadores, y no puede abordarse únicamente desde la lógica judicial, afirmó el ex gobernador Gustavo Bordet al presentar en el Congreso de la Nación un proyecto de ley que declara la emergencia financiera para las familias argentinas.
La iniciativa establece la suspensión transitoria de ejecuciones de deudas y medidas cautelares.
Cuando las familias tienen que endeudarse para comprar alimentos, pagar servicios o sostener gastos cotidianos, el problema deja de ser individual y pasa a ser una responsabilidad colectiva que requiere respuestas del Estado, expresó el diputado nacional entrerriano.
La intención no es desconocer derechos de acreedores, sino establecer un marco temporal de equilibrio y protección social que permita preservar la continuidad económica de las familias y evitar un agravamiento de la situación social, sostuvo el ex gobernador entrerriano al fundamentar la iniciativa.
El proyecto busca brindar alivio frente al creciente endeudamiento de los hogares, en un contexto marcado por la caída del poder adquisitivo, el aumento del costo del crédito y la profundización de la recesión económica.
La iniciativa contempla la suspensión por 180 días de ejecuciones judiciales, extrajudiciales, administrativas y fiscales vinculadas a deudas comerciales, bancarias, crediticias, fiscales y tributarias.
Además, frena medidas cautelares como embargos, inhibiciones y secuestros de bienes, evitando que miles de familias queden expuestas a una situación de mayor vulnerabilidad económica y social.
La propuesta alcanza a personas físicas cuyos ingresos no superen los diez Salarios Mínimos, Vitales y Móviles y también a monotributistas hasta la categoría G.
En ese sentido, el ex gobernador remarcó que la proliferación de ejecuciones y embargos profundiza la crisis económica porque deteriora aún más el consumo y debilita el mercado interno. Y agregó: El Estado tiene la responsabilidad de generar herramientas excepcionales para proteger a quienes atraviesan una situación de fragilidad financiera.
El proyecto excluye de la suspensión a las obligaciones alimentarias, créditos laborales, indemnizaciones por daños a la persona y casos de insolvencia fraudulenta, garantizando así la protección de derechos esenciales.
Entre sus fundamentos, la iniciativa advierte sobre el crecimiento de la litigiosidad vinculada al cobro de deudas y plantea que la judicialización masiva no constituye una solución eficiente ni equitativa en contextos de crisis económica generalizada.
Fuente: Debate Abierto
