Bordet presentó un proyecto para suspender embargos y ejecuciones de deudas de familias por 180 días
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Bordet presentó un proyecto para suspender embargos y ejecuciones de deudas de familias por 180 días
El diputado nacional entrerriano propuso declarar la emergencia financiera para los hogares argentinos en un contexto de recesión, alta inflación y creciente endeudamiento. La medida alcanzaría a personas con ingresos de hasta diez salarios mínimos y a monotributistas hasta la categoría G.
El diputado nacional Gustavo Bordet presentó en el Congreso un proyecto de ley que propone declarar la emergencia financiera para las familias argentinas y suspender por 180 días ejecuciones judiciales, extrajudiciales, administrativas y fiscales vinculadas a deudas comerciales, bancarias, crediticias, fiscales y tributarias. La iniciativa también frena medidas cautelares como embargos, inhibiciones y secuestros de bienes durante ese período.
"La recesión, el ajuste y las altas tasas terminan generando un círculo de exclusión que golpea especialmente a los sectores medios y trabajadores, y no puede abordarse únicamente desde la lógica judicial", afirmó el ex gobernador entrerriano al presentar el proyecto.
A quiénes alcanza
La propuesta está dirigida a personas físicas cuyos ingresos no superen los diez Salarios Mínimos, Vitales y Móviles, y también a monotributistas hasta la categoría G. Quedan excluidas del beneficio las obligaciones alimentarias, los créditos laborales, las indemnizaciones por daños a la persona y los casos de insolvencia fraudulenta, con el objetivo de preservar derechos esenciales.
Los fundamentos
Bordet sostuvo que "cuando las familias tienen que endeudarse para comprar alimentos, pagar servicios o sostener gastos cotidianos, el problema deja de ser individual y pasa a ser una responsabilidad colectiva que requiere respuestas del Estado". En esa línea, remarcó que "la proliferación de ejecuciones y embargos profundiza la crisis económica porque deteriora aún más el consumo y debilita el mercado interno".
El proyecto también advierte sobre el crecimiento de la litigiosidad vinculada al cobro de deudas y plantea que la judicialización masiva no resulta una salida eficiente ni equitativa en contextos de crisis económica generalizada.
"La intención no es desconocer derechos de acreedores, sino establecer un marco temporal de equilibrio y protección social que permita preservar la continuidad económica de las familias y evitar un agravamiento de la situación social", precisó el legislador.
