La fiscalía anticorrupción advirtió serias y evidentes irregularidades en la licitación de la Hidrovía
| La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) presentó en los tribunales de Comodoro Py un dictamen...
La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) presentó en los tribunales de Comodoro Py un dictamen en el expediente que investiga posibles delitos en la licitación de la Hidrovía, en el que advirtió que surgen elementos suficientes para advertir serias y evidentes irregularidades en la redacción de los 138 pliegos del proceso de concesión de la vía navegable troncal.
El informe, firmado por el titular de la PIA, Sergio Rodríguez, fue entregado en la fiscalía federal 9, a cargo de Guillermo Marijuan, mientras que el juez de la causa es Sebastián Casanello, indicaron fuentes del caso.
El dictamen enumera presuntas irregularidades, pero no formula pedidos concretos. Se trata de información técnica que la PIA, como organismo especializado, pone a disposición de Marijuan, fiscal del expediente.
En paralelo, el Gobierno nacional difundió un comunicado en el que aseguró que con el apoyo multisectorial y sin impugnaciones, avanza el exitoso proceso de privatización de la vía navegable troncal y destacó que la gestión de Javier Milei avanza hacia la etapa final de la adjudicación del proyecto.
Según esa declaración oficial, ya se dictó la resolución que puso fin a la etapa técnica y el próximo martes se abrirá la Etapa 3, con las propuestas económicas. Fuentes del Ministerio Público Fiscal señalaron que la PIA también remitió su dictamen al Poder Ejecutivo.
Críticas reiteradas y nuevos cuestionamientos
El documento de la PIA retoma una serie de críticas que ya habían sido formuladas en procesos anteriores y, al mismo tiempo, incorpora nuevos señalamientos sobre la licitación de una de las vías navegables más importantes del mundo.
En su dictamen, el organismo recordó que ya había resaltado lo desvirtuado de la fórmula de evaluación de las ofertas y del procedimiento de etapa múltiple establecido, en el cual recaen reparos sobre un posible direccionamiento del proceso y agregó que ahora se detectaron nuevas y sustanciales deficiencias.
Como conclusión de este nuevo análisis, la PIA sostuvo que las conclusiones siguen siendo las mismas: surgen elementos suficientes para advertir serias y evidentes irregularidades en la redacción de los 138 pliegos, lo que, en consecuencia, conducirá inevitablemente a un procedimiento y posible adjudicación pasibles de reproches administrativos y/o penales.
Denuncias y acceso a la información ambiental
El camino de esta licitación se inició en diciembre de 2025, cuando la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (Anpyn) llamó a licitación y aprobó los pliegos de bases y condiciones y de especificaciones técnicas.
En el marco de ese procedimiento, la PIA recibió diversas denuncias sobre presuntas irregularidades tanto en el trámite como en los pliegos licitatorios. Las presentaciones provinieron de organizaciones ambientalistas, integrantes de consorcios portuarios y una de las firmas participantes, según indicaron fuentes del caso.
En primer lugar, la PIA advirtió el incumplimiento de la ley que regula el acceso a la información ambiental. Señaló que, durante la Audiencia Pública Informativa, la Anpyn presentó un volumen excesivo de documentación, de más de 9000 páginas, pese a que existía un plazo breve para su análisis.
Según el organismo, esa sobrecarga de información, en un tiempo acotado, impidió una participación ciudadana real y efectiva en el proceso.
Cláusulas bajo la lupa y evaluación ambiental
La PIA destacó que la Anpyn repitió defectos ya advertidos en licitaciones anteriores y enumeró, entre las irregularidades detectadas, la forma de redacción de la cláusula anticorrupción y las condiciones para una eventual cesión del contrato, que podrían favorecer a competidores que no estaban en condiciones de ofertar.
También cuestionó los límites a la posibilidad de impugnar y a la presentación de ciertas formas societarias, así como la limitación a que las empresas presenten ofertas bajo la modalidad de Uniones Transitorias de Empresas.
Por otra parte, el dictamen subraya que no está previsto un adecuado procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, con intervención de la autoridad nacional en materia de ambiente.
En ese sentido, la PIA remarcó: Nuevamente, se ha destacado la importancia de este requisito, cuya omisión no puede subsanarse mediante la incorporación de informes o planes de gestión ambiental, insistiendo en que la evaluación debe ser previa y específica.
La definición sobre la principal vía navegable
Mientras tanto, el Gobierno apuesta a que la próxima semana se abran las ofertas económicas para avanzar con la licitación de la principal vía navegable de la región y definir quién la controlará por los próximos 25 años.
Con esa apertura se terminará de dirimir la compulsa entre los dos oferentes que siguen en carrera: por un lado, el consorcio integrado por la belga Jan de Nul y la argentina Servimagnus (de la familia Román); por el otro, la también belga DEME, asociada con las firmas norteamericanas Great Lakes, Clear Street y KKR.
