El juez Sebastián Casanello levantó el secreto bancario y fiscal del hermano de Manuel Adorni para investigar un fuerte salto patrimonial
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El juez federal Sebastián Casanello dispuso levantar el secreto bancario y fiscal de Francisco Jorge Adorni, hermano del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y ordenó una batería de medidas para reconstruir su evolución patrimonial desde 2020 hasta la actualidad.
El magistrado, que subroga en estos días el Juzgado Federal 6, hizo lugar a las medidas requeridas por el fiscal Guillermo Marijuán, quien impulsó formalmente la pesquisa a partir de una denuncia presentada por la diputada Marcela Pagano.
Según se consignó en la causa, la investigación parte de la hipótesis sobre el presunto incremento patrimonial no justificado de Francisco Jorge Adorni durante los años en que se desempeñó en cargos del Poder Ejecutivo nacional.
El origen de la denuncia y los cargos bajo la lupa
De acuerdo con la presentación de Pagano, el presunto incremento patrimonial habría tenido lugar en el lapso de tiempo en que se viene desempeñando con funciones en el ámbito ejecutivo nacional, primero como titular de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Defensa y luego, desde junio de 2025, al frente del Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares (IAF).
El fiscal recordó que, siempre según la denuncia, Francisco Adorni no registraba antecedentes públicos de trayectoria en la función pública nacional ni patrimonio compatible con la incorporación de bienes registrables de alto valor en plazos breves, lo que motivó el pedido de profundizar la pesquisa.
Las cifras que encendieron las alarmas
En el expediente se detalló que, al asumir funciones públicas, Adorni declaró ante la Oficina Anticorrupción el 50% de una vivienda en City Bell valuada en $38.790.000 y el 50% de un vehículo Chery Tiggo modelo 2017 tasado en $5.000.000.
Además, consignó bienes y dinero por un total de $43.790.000 y ninguna suma en concepto de deudas.
Sin embargo, el fiscal advirtió que en la declaración jurada anual correspondiente a 2025 el funcionario informó un patrimonio neto de $80.500.000, casi el doble de lo declarado al inicio de su gestión.
Según se consignó en el dictamen, ese incremento se explicaría sustancialmente por dos operaciones: la incorporación del 50% de una Jeep Renegade 2020 valuada en $8.000.000 y, especialmente, la cancelación en apenas un año de un crédito hipotecario de aproximadamente $60.000.000 otorgado por el Banco Provincia.
En uno de los tramos del escrito, Marijuán señaló que incluso asumiendo una capacidad de ahorro extraordinaria del cien por ciento (100%) del salario percibido, el flujo disponible en el período resultaría insuficiente para explicar la cancelación en un breve lapso de 12 meses de un pasivo hipotecario por aproximadamente 60.000.000 de pesos, advirtió.
Pese a mencionar la existencia de otra causa vinculada al patrimonio de Manuel Adorni, el fiscal aclaró que aquellas menciones que a su respecto efectúa en la denuncia no serán objeto de esta investigación, deslindó.
Medidas para seguir la ruta del dinero
Para avanzar con la pesquisa, Casanello accedió a las medidas sugeridas por el Ministerio Público, ordenó el levantamiento del secreto bancario y fiscal de Francisco Adorni y requirió una extensa serie de informes a organismos públicos y entidades financieras.
En ese sentido, el Banco Central deberá requerir a bancos y entidades financieras el detalle de cuentas corrientes, cajas de ahorro, transferencias, depósitos en efectivo, tarjetas de crédito, plazos fijos, cajas de seguridad y operaciones de compra y venta de moneda extranjera de Francisco Adorni.
Entre otras medidas, el juez también solicitó información a ARCA sobre declaraciones juradas, movimientos patrimoniales, cuentas bancarias, consumos con tarjetas, operaciones cambiarias, bienes registrables y eventuales movimientos vinculados a activos virtuales.
El dictamen de Marijuán incluyó además un requerimiento específico al Banco Provincia para que remita el detalle pormenorizado de la totalidad de los pagos imputados a la cancelación del referido crédito durante los ejercicios 2024, 2025 y 2026, incluyendo fecha, monto, medio de pago y origen de los fondos utilizados.
Rastreo societario y laboral
La investigación también apunta a reconstruir posibles vínculos societarios, operaciones inmobiliarias y movimientos financieros del funcionario.
Para eso, se libraron pedidos de informes a la UIF, IGJ, registros de propiedad inmueble, automotor, aeronaves y buques, compañías aseguradoras y empresas de envío de dinero, entre otros organismos.
Además, el fiscal requirió al Ministerio de Defensa el legajo completo de Francisco Adorni, las resoluciones de designación y el detalle de haberes percibidos desde 2023.
A la Oficina Anticorrupción le pidió las declaraciones juradas patrimoniales públicas y sus anexos reservados, con el objetivo de contrastar la información declarada con los movimientos financieros y patrimoniales que ahora serán analizados en detalle.
