Balotaje en Perú: Roberto Sánchez fue confirmado como el adversario de Keiko Fujimori
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El dirigente de izquierda Roberto Sánchez disputará la presidencia de Perú con la derechista Keiko Fujimori el próximo 7 de junio, mientras enfrenta un pedido de prisión de la fiscalía por un presunto delito electoral vinculado a la financiación de campañas anteriores.
Sánchez, candidato de Juntos por el Perú, obtuvo el 12% de los votos y dejó atrás por apenas 18.799 sufragios al ultraderechista Rafael López Aliaga, quien cosechó 11,9% en la caótica elección del 12 de abril.
Con el 99,94% de las actas electorales revisadas, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) confirmó este miércoles en su página web que el postulante de izquierda aseguró su lugar en la segunda vuelta.
El escrutinio avanzó a cuentagotas, en medio de impugnaciones de actas y denuncias de López Aliaga sobre un supuesto fraude.
Estamos preparados para los retos que ponga nuestro pueblo, declaró Sánchez a periodistas, una vez conocida la diferencia considerada irreversible.
Denuncias de fraude e inestabilidad política
Renovación Popular, el partido de López Aliaga, reiteró en un comunicado su pedido de que no se proclamen resultados hasta que se cuenten los votos y se resuelvan los procesos pendientes.
Sin embargo, el politólogo Fernando Tuesta sostuvo ante la AFP que el Jurado Nacional de Elecciones ya no puede hacer nada, no hay nada que resolver en el porcentaje que ya señala a los dos primeros puestos, descartando que las impugnaciones puedan alterar el pase al balotaje.
Por su parte, Keiko Fujimori alcanzó algo más del 17% de los votos en la primera vuelta y enfrentará a Sánchez en un contexto de severa inestabilidad política, en el que Perú ha tenido ocho presidentes desde 2016.
La mayoría de esos mandatarios fueron destituidos o renunciaron en medio de escándalos, principalmente por casos de corrupción.
Una campaña marcada por la polarización y el recuerdo de 2021
Azotado además por una grave crisis de seguridad derivada del auge del crimen organizado, Perú se encamina a una campaña polarizada con fuertes similitudes con la segunda vuelta de 2021.
En aquella ocasión, Fujimori, que está cerca de cumplir 51 años, perdió por estrecho margen frente al izquierdista Pedro Castillo.
Ahora, la hija del ex presidente Alberto Fujimori se medirá con Sánchez, ex ministro del destituido y encarcelado Castillo, en lo que será su cuarto intento de llegar al poder.
Del otro lado, Sánchez, de 57 años, competirá por primera vez por la presidencia.
Durante la primera vuelta, retrasos en el envío del material electoral impidieron que más de 50.000 electores pudieran votar, lo que obligó a las autoridades a prolongar la votación un día más.
La misión de observación de la Unión Europea mencionó graves deficiencias en el proceso, aunque aclaró que no constató ninguna prueba objetiva de fraude.
Pese a ello, López Aliaga insiste en denunciar irregularidades y fraude en la elección.
El pedido de prisión contra Sánchez
En paralelo al avance hacia el balotaje, Sánchez inicia su campaña envuelto en un serio frente judicial.
La fiscalía solicitó cinco años y cuatro meses de prisión para el rival de Fujimori por el presunto delito de declarar información falsa ante el organismo electoral sobre aportes a su campaña entre 2018 y 2020.
Según un documento difundido por medios locales y cuya autenticidad fue confirmada a la AFP por la fiscalía, se detectaron incoherencias en los informes financieros de Juntos por el Perú durante campañas para elecciones regionales y municipales en las que participó el hoy candidato presidencial.
A Roberto Sánchez se le atribuye ser autor de los delitos de falsa declaración en procedimiento administrativo y falseamiento de la información sobre aportaciones e ingresos de organizaciones políticas, señala la acusación fiscal.
De acuerdo con la fiscalía, Sánchez habría recibido más de 57.000 dólares en aportes de integrantes de Juntos por el Perú para actividades partidarias que no fueron declarados ante la ONPE.
El caso fue presentado por primera vez ante los tribunales en enero de 2026, pero la justicia lo rechazó parcialmente y ordenó a los fiscales reformular la acusación.
Ahora, el Poder Judicial fijó para el 27 de mayo una audiencia clave en la que se definirá si el expediente pasa a juicio oral o se archiva.
En sus redes sociales, Sánchez se defendió: Durante años han intentado instalar una mentira para desacreditarme políticamente. La justicia ya archivó las acusaciones sobre un supuesto uso personal de recursos económicos del partido, porque jamás existió fraude ni apropiación indebida, remarcó.