Concordia: escándalo por presunto pago de sobreprecio tiene a Azcué en el foco de la polémica
El nuevo escándalo que involucra al intendente Francisco Azcué, tiene que ver con un presunto pago que supera los 37 millones de manera adicional a una empresa de Buenos Aires que presentó ofertas
El nuevo escándalo que involucra al intendente Francisco Azcué, tiene que ver con un presunto pago que supera los 37 millones de manera adicional a una empresa de Buenos Aires que presentó ofertas muy por encina de otras que no fueron contempladas. Qué hay detrás de esta contestación.
Por Claudio Gastaldi
Una fuerte polémica se desató en torno a una licitación de obras de pavimentación municipal, luego de que el Ejecutivo decidiera adjudicar los trabajos a una empresa de Buenos Aires pese a que existían ofertas más económicas dentro del proceso.
Al presupuesto oficial de la obra era de $781.979.999,02, pero las ofertas presentadas superaron ampliamente esa cifra:
MEM: $875.490.829
PIUTERRA: $1.012.676.000
VECCHIO: $1.014.370.017
PITÓN: $1.023.198.000
LOSI: $1.127.947.000
En este contexto, la diferencia entre las propuestas más bajas supera ampliamente los $37 millones respecto de decisiones finales que, según la información difundida, no tomaron como referencia la opción más económica.
La situación que genera mayor controversia es que la empresa finalmente favorecida no habría sido la más barata dentro del proceso licitatorio, lo que abre cuestionamientos sobre los criterios de adjudicación. Además, el hecho de no priorizar a empresas locales como firmas de Concordia refuerza las críticas en torno a la decisión, ya que se optó por una compañía de Buenos Aires aun cuando existían alternativas competitivas en precio dentro del propio procedimiento.
Desde distintos sectores se señala que la justificación oficial habría estado basada en aspectos técnicos y antecedentes de la firma seleccionada. Sin embargo, se cuestiona que dichos fundamentos no explicarían de manera suficiente por qué se descartaron ofertas más convenientes para el erario público.
El caso reaviva el debate sobre transparencia en las licitaciones, el uso de fondos públicos y la priorización de proveedores externos por sobre empresas locales, especialmente cuando esto implica mayores costos para la administración municipal. (Diario Junio)
