Embargaron por $ 859 mil millones a financistas que aprovecharon el "rulo" cambiario en 2023
La decisión de la Justicia Federal cayó sobre Elías Piccirillo y más de 100 financistas y "cuevas" cambiarias que realizaron maniobras especulativas con el
La jueza federal María Servini ordenó un embargo preventivo de $ 859.516 millones sobre bienes de Elías Piccirillo, sus socios y más de 100 financistas y agencias de cambio investigados por maniobras con el dólar blue durante los primeros nueve meses de 2023. La causa, impulsada por el fiscal Carlos Stornelli, detectó operaciones por $ 475.533 millones, extracciones de U$S 607 millones en efectivo y una presunta red que aprovechó el cepo cambiario para acceder a dólares oficiales.
La cifra sacudió otra vez a Comodoro Py, sede de la Justicia Federal. La investigación llevaba varios meses y apuntaba a presuntas maniobras con el dólar blue durante el tramo final del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, con Sergio Massa como ministro de Economía.
El expediente reconstruyó un circuito financiero que, según la magistrada, permitió comprar dólares a cotización oficial mediante operaciones simuladas. En la resolución judicial se sostiene que entre el 1 de enero y el 1 de septiembre de 2023 las entidades investigadas informaron ante la base RIOC del Banco Central operaciones de compra de moneda extranjera por $ 475.533.114.424 y ventas por $ 418.278.740.007.
La investigación judicial concluyó además que se extrajeron físicamente U$S 607.432.023, y que el 99% de esos retiros se realizó desde el Banco de Servicios y Transacciones. Para Servini, esa salida de divisas implicó la pérdida de trazabilidad del dinero y un perjuicio directo sobre las reservas internacionales en medio del cepo cambiario.
En el centro del expediente aparecen las firmas Arg Exchange SA y Gis Cambio SA, vinculadas a Piccirillo y a su socio Martín Migueles. Según la causa, junto a otras financieras concentraron la mayor parte de las operaciones investigadas. Entre las sociedades mencionadas figuran Mega Latina SA, Stema Cambios SA, Cambios Bacarat SA, Eden SRL, Andie SRL, Cambio Posadas SRL e Intercash SAS.
La resolución judicial sostiene que el 96% de los fondos fue percibido por nueve firmas y que el 99% terminó transferido a un grupo reducido de financieras. También aparecen mencionadas Dibehi SAS, Majo Finanzas SA y Gestiones San Miguel SA. El expediente describe un mecanismo de simulación de operaciones cambiarias para justificar el acceso irrestricto al dólar oficial.
La Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado, (DAJUDECO), detectó además compras de dólares que no fueron informadas por las financieras por $ 163.587.227.936 y ventas omitidas por $ 12.839.114.997. Como consecuencia de esas irregularidades, al menos 15 casas de cambio fueron sancionadas por el Banco Central.
En el fallo, la jueza describió un esquema de tres pasos. Primero, el ingreso de pesos al sistema financiero mediante CUIT de personas físicas y jurídicas sin respaldo documental suficiente. Luego, la simulación de operaciones legales entre financieras para justificar compras de divisas. Finalmente, la extracción en efectivo de cientos de millones de dólares aprovechando una brecha cambiaria que, según la jueza, llegó a superar el 100%.
La causa se conecta además con otro expediente que tramita el juez Ariel Lijo junto al fiscal Franco Picardi. Allí se investiga un presunto circuito de coimas ligadas a las SIRA durante la gestión de Sergio Massa y del entonces secretario de Comercio Matías Tombolini.
Entre los embargados aparecen también Maxi Vallejo, ligado a Sur Finanzas, y Carlos Adrián Migueles, señalado como ex pareja de Wanda Nara. Piccirillo, por su parte, había tomado notoriedad pública por su casamiento con la modelo Jésica Cirio.
La lista de sociedades alcanzadas por la medida cautelar incluye a Stema Cambios, Mega Latina, Cambios del Sur, Gallo Cambios, Karuna Group, Multicambio, Soy Vos, Cambio Avenida, Cambio La Plata, Cambios Roca, Puerto Cambio, Super Cambio y Triacambio, entre otras. Para la Justicia, el entramado permitió acceder a dólares oficiales en pleno cepo y terminó afectando las reservas del Estado nacional en uno de los períodos más críticos del mercado cambiario argentino.
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