Reprogramaron la declaración de Emerenciano Sena en la causa "Sueños Compartidos"
El exdirigente piquetero debía declarar este miércoles como testigo vía Zoom ante el Tribunal Oral Federal N° 5, en el juicio por el presunto desvío de fon
La declaración de Emerenciano Sena en el juicio oral por la causa "Sueños Compartidos", prevista para la mañana de este miércoles, fue reprogramada por el Tribunal Oral Federal N° 5, que lleva adelante el proceso por el presunto desvío de fondos públicos destinados a viviendas sociales.
El dirigente piquetero, condenado a prisión perpetua por el femicidio de Cecilia Strzyzowski junto a miembros de su familia, había sido citado para declarar como testigo por videoconferencia desde las 9.30. Sin embargo, la audiencia finalmente no se concretó y su defensa informó que hasta el momento no hay fecha pactada para la declaración.
La causa investiga el manejo de recursos asignados al programa de construcción de viviendas impulsado a través de la Fundación Madres de Plaza de Mayo. Entre los acusados se encuentran el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido; los hermanos Sergio y Pablo Schoklender; y el exsecretario de Obras Públicas, José López.
El vínculo de Sena con el programa se remonta a 2008, cuando junto a Marcela Acuña y Osmar "Quintín" Gómez participó de un proyecto para la construcción 500 viviendas, en Resistencia, con trabajadores de su agrupación.
Sin embargo, surgieron conflictos entre el movimiento liderado por Sena y Sergio Schoklender, entonces apoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo. Las diferencias derivaron en la toma del predio donde se realizaban las obras, en el obrador del ex Campo de Tiro, tras un convenio firmado con la Secretaría de Vivienda de la Nación.
En 2010, Schoklender denunció penalmente a Sena, Acuña y Gómez por una presunta red de trata de personas vinculada a explotación laboral. La investigación permaneció sin avances durante más de una década hasta que, en 2023, el expediente quedó en manos del fiscal federal, Patricio Sabadini, quien promovió la instrucción de la causa.
A inicios de 2024, los tres dirigentes fueron procesados por "trata de personas con fines de explotación laboral mediando engaño, amenazas, abuso y violencia, agravado por la cantidad de víctimas", además de dictarse un embargo por 31 millones de pesos, aunque en diciembre de ese mismo año, la jueza federal, Zunilda Niremperger declaró extinguida la acción penal por prescripción y resolvió el sobreseimiento de los imputados.
En la resolución, la jueza sostuvo que "ha transcurrido suficientemente el término de la pena máxima establecida para el delito atribuido a los imputados de autos, que es de diez (10) años".
