EL GOBIERNO NACIONAL CALIFICÓ DE OPOSITORA LA MARCHA FEDERAL UNIVERSITARIA
El Gobierno Nacional calificó como opositora la cuarta Marcha Federal Universitaria, que se realizó en distintos puntos del país en defensa de la educación pública y en reclamo por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. A través d
El Gobierno Nacional calificó como opositora la cuarta Marcha Federal Universitaria, que se realizó en distintos puntos del país en defensa de la educación pública y en reclamo por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. A través de un comunicado, el oficialismo también rechazó las acusaciones por falta de pago a las universidades.
La respuesta oficial fue difundida por La Libertad Avanza (LLA), espacio que lidera el presidente Javier Milei, desde donde señalaron que existe una intención de instalar en la sociedad la idea de que el Gobierno busca desfinanciar o cerrar las universidades públicas.
En ese sentido, afirmaron que el Estado ha cumplido con sus obligaciones y que se realizaron transferencias mensuales del presupuesto destinado a gastos de funcionamiento de las casas de altos estudios. Además, indicaron que en el Presupuesto 2026 la partida para universidades aumentó y alcanzó los 4,8 billones de pesos.
El comunicado también incluyó críticas a la gestión anterior. Desde el oficialismo aseguraron que durante el gobierno de Alberto Fernández los fondos se enviaban con hasta cuatro meses de demora y en un contexto de alta inflación, que ubicaron en un 211,4% anual. En contraste, sostuvieron que actualmente los pagos se realizan de manera regular y con una inflación anual del 31,5%.
Por otra parte, el Gobierno argumentó que la Ley de Financiamiento Universitario nació suspendida en su ejecución debido a que no se establecieron las fuentes de financiamiento en el Congreso. Según precisaron, su implementación implicaría un gasto total de 1,9 billones de pesos.
Finalmente, remarcaron que la administración de Javier Milei mantendrá su compromiso con el equilibrio fiscal y advirtieron que cualquier modificación presupuestaria implicaría un aumento de impuestos o emisión monetaria, lo que según señalaron derivaría en mayor inflación y pobreza.
