El Gobierno de Entre Ríos inicia sumarios y reclama la devolución de casi $27 millones a empleados de Desarrollo Humano
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En el marco de una política de control del presentismo en la administración pública, el Gobierno de Entre Ríos inició sumarios administrativos a tres empleados del Ministerio de Desarrollo Humano y les exige la devolución de casi $27 millones cobrados sin la correspondiente contraprestación laboral.
Los decretos 1005, 1006 y 1012, publicados en el Boletín Oficial Nº 28.333 y refrendados por el gobernador y la ministra Verónica Berisso, apuntan contra José Luis Bondaz, María Paz Álvarez y Marcelo Alberto Hartman.
Según los considerandos de las normas, la medida se fundamenta en que los agentes fueron sancionados por registrar inasistencias injustificadas a su lugar de trabajo, lo que derivó en el cobro de haberes sin prestación efectiva de servicios.
Montos reclamados y detalle de las liquidaciones
La Dirección General Administrativo Contable del Ministerio de Desarrollo Humano realizó una liquidación detallada de los haberes percibidos de forma indebida. La suma total que el Estado provincial pretende recuperar asciende a $26.773.863,62.
De acuerdo al desglose oficial, los montos reclamados son los siguientes:
María Paz Álvarez:$10.182.200,99.
José Luis Bondaz:$8.935.699,30.
Marcelo Alberto Hartman:$7.655.963,33.
Además del capital principal, los agentes deberán abonar los intereses devengados según la Tasa Activa del Banco de la Nación Argentina, tal como surge de los decretos publicados.
Plazo de 30 días y posible intervención de Fiscalía de Estado
El Poder Ejecutivo otorgó un plazo perentorio de 30 días corridos para que los implicados realicen el depósito de los fondos reclamados.
En caso de incumplimiento, los decretos son taxativos al ordenar la intervención inmediata de la Fiscalía de Estado. Dese intervención a Fiscalía de Estado, en caso de que no se produzca la devolución de los haberes percibidos indebidamente, para que dé inicio a las acciones legales [] tendientes al recupero del monto determinado, subrayan los instrumentos legales.
Transparencia, control del gasto y planta permanente
Según se desprende de los considerandos, esta decisión se enmarca en una política de transparencia y eficiencia del gasto público, con foco en el control del cumplimiento de funciones por parte de la planta permanente.
En ese sentido, se recuerda que el personal se rige por el Reglamento aprobado por Decreto Nº 2/70 y sus modificaciones, que establece obligaciones en materia de asistencia y desempeño.
El objetivo, remarcan las normas, es asegurar que los recursos del Ministerio de Desarrollo Humano lleguen efectivamente a los sectores que los requieren, evitando el desvío de fondos hacia personal que no cumple con su deber dentro de la administración provincial.