La jueza Servini embargó a Elías Piccirillo y otros cien financistas y agencias de cambio en 859 mil millones de pesos
| En una resolución a la que accedió el diario Clarín, la jueza federal María Servini ordenó un embargo...
La jueza federal María Servini ordenó un embargo preventivo de $859.516.312.545 sobre los bienes de Elías Piccirillo, sus socios y otro centenar de dueños de agencias de cambio, en el marco de una causa por presuntas maniobras con el dólar blue durante el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner.
La medida fue dispuesta a pedido del fiscal Carlos Stornelli y se enmarca en la investigación de un rulo financiero aprovechando el cepo cambiario impuesto por las administraciones kirchneristas.
Segunda causa por el rulo con el cepo K
Se trata de la segunda causa penal en la que se investiga este tipo de operatorias. La primera está en manos del juez Ariel Lijo y del fiscal Franco Picardi, donde se apunta a un exfuncionario de la Secretaría de Comercio que encabezaba Matías Tombolini, acusado de supuestamente cobrar coimas a cambio de la aprobación de SIRA, el sistema de importaciones.
En este nuevo expediente, Servini analizó un extenso informe de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJUDECO), que reconstruyó el movimiento de las casas de cambio en pleno endurecimiento del cepo.
Movimientos millonarios en el mercado oficial
Según detalló la magistrada, la DAJUDECO determinó que, entre el 1° de enero y el 1° de septiembre de 2023, las entidades investigadas informaron en la base RIOC del Banco Central (BCRA) compras de moneda extranjera por $475.533.114.424 y ventas por $418.278.740.007.
En el caso puntual de las maniobras con dólares, el informe precisó que el 96% de los fondos fue percibido por Mega Latina SA, Stema Cambios SA, Cambios Bacarat SA, Arg Exchange SA, Gis Cambio SA, Eden SRL, Andie SRL, Cambio Posadas SRL e Intercash SAS, mientras que el 99% de los montos fue transferido por Gis Cambio SA, Arg Exchange SA, Cambio Posadas SRL, Andie SRL, Intercash SAS, Cambios Bacarat SA, Eden SRL, Dibehi SAS, Majo Finanzas SA y Gestiones San Miguel SA.
De esos movimientos, se extrajeron en efectivo US$ 607.432.023, y el 99% fue extraído físicamente del Banco de Servicios y Transacciones, consignó la resolución. Arg Exchange y Gis Cambio pertenecen a Piccirillo y su socio Martín Migueles.
Operaciones simuladas y falta de respaldo documental
En el informe de la DAJUDECO se relevaron notas de distintas agencias de cambio, principalmente Mega Latina SA, Stema Cambios SA, Cambios Bacarat SA, Eden SRL, Andie SRL y Gallo Cambios SAS, en las que se indicó que las extracciones físicas de divisas tenían como finalidad la cancelación de operaciones de cambio.
Sin embargo, de esa documentación no surgía con precisión la individualización de la contraparte o del destino de los fondos, advirtió la jueza al citar el trabajo de los peritos judiciales.
Además, se descubrieron operaciones de compra de moneda extranjera, principalmente dólar estadounidense, que no fueron informadas por las financieras, por un monto de $163.587.227.936 en compras y $12.839.114.997 en ventas.
Esas irregularidades derivaron en que 15 casas de cambio fueran sancionadas por el Banco Central, según se desprende del expediente.
Cómo funcionaba el esquema, según la Justicia
Para Servini, los investigados realizaron operaciones cambiarias fraudulentas y se aprovecharon de las flexibilidades y limitaciones del sistema de fiscalización del Banco Central de la República Argentina, cuyas debilidades conocían y explotaron de manera sistémica.
También se valieron, sostuvo, de un entramado de vínculos que les garantizó el acceso al mercado oficial de cambios y la neutralización de mecanismos institucionales de supervisión y detección.
Como primer paso, describió la jueza, se logró el ingreso de pesos argentinos al sistema financiero para respaldar el flujo de fondos de operaciones de cambio que se realizarían a futuro.
Para ello, las casas de cambio que podrían denominarse minoristas recibieron fondos de CUIT de personas físicas y jurídicas sin registro de operaciones de cambio ni respaldo documental suficiente, explicó Servini.
Luego, como segundo tramo del mecanismo, se simularon operaciones cambiarias como legítimas por las entidades financieras intervinientes ante el Banco Central de la República Argentina, con el fin de poder acceder a comprar dólares estadounidenses sin limitación a tipo de cambio oficial, subrayó.
En ese contexto, distintas casas de cambio simularon operaciones entre ellas para generar un flujo de dinero legal que diera sustento a las operaciones de cambio informadas en la base RIOC, añadió la magistrada.
Impacto sobre las reservas y alcance del embargo
Como resultado, el mecanismo desplegado redundó en la disposición patrimonial por medio de la sustracción del mercado legal de al menos US$ 607.432.023 a través de extracciones en efectivo, con una ganancia posible ilícita proporcional a la brecha cambiaria vigente, que en este período llegó a superar el 100%.
Todo ello, en perjuicio del sistema de la administración de reservas y del destino regulatorio asignado a la adjudicación de divisas al tipo de cambio oficial, remarcó Servini.
De tal forma, concluyó que el mecanismo fraudulento descripto entre las entidades de cambio y los organismos de control (simulación de legitimidad del derecho a operar en el circuito financiero, simulación de operaciones y extracción de dólares en efectivo y laxitud de sistemas de control) con el objetivo de acceder a dólares al tipo de cambio oficial en un contexto de cepo cambiario, afectó las reservas de dólares estadounidenses del Estado Nacional.
La resolución incluye un listado de más de treinta casas de cambio y sociedades entre ellas Stema Cambios SA, Mega Latina SA, Cambios del Sur SA, Dibehi SAS, Gallo Cambios SAS, Gis Cambio SA, Multicambio SA, Andie SRL, Eden SRL, Cambio Posadas SA, Alvear Cambio SA, Cambio Bacarat SA, Arg Exchange SA, Gestiones San Miguel SA, Intercash SAS, Majo Finanzas SA, Plaza Cambio SA, Puerto Cambio SA y Super Cambio SA, entre otras y de decenas de personas físicas vinculadas a esas firmas, todas alcanzadas por el embargo preventivo.
