Organizaciones de Entre Ríos alertan por cambios en Salud Mental - Informe Digital
Cuestionan el proyecto de Milei. Hablan de retroceso en derechos y menos controles.
De la redacción de INFORME DIGITAL
La Asamblea de Salud Mental de Entre Ríos, junto a organizaciones sociales, académicas, sindicales y de derechos humanos, expresó su rechazo al proyecto impulsado por el Gobierno nacional para modificar la Ley Nacional de Salud Mental 26.657, vigente desde 2010 y adherida por la provincia en 2016.
A través de un comunicado público, las entidades advirtieron que la iniciativa promovida por el Ministerio de Salud de la Nación, encabezado por Mario Lugones, representa un retroceso en derechos y cuestionaron especialmente la eliminación de herramientas consideradas centrales dentro del sistema actual.
Menos presupuesto y cambios en internaciones
Entre los principales cuestionamientos, las organizaciones señalaron que el proyecto elimina el piso mínimo del 10 por ciento del presupuesto de salud destinado a políticas de salud mental.
También remarcaron que la reforma quitaría la prohibición de crear nuevos manicomios y eliminaría la obligación de reemplazar progresivamente las instituciones monovalentes por dispositivos comunitarios.
Otro de los puntos criticados es la modificación del régimen de internaciones involuntarias. Según advirtieron, el nuevo esquema exigiría exclusivamente la firma de un médico psiquiatra, mientras que la legislación vigente también habilita la intervención de psicólogos.
Las entidades recordaron que Argentina cuenta con alrededor de 5.000 psiquiatras y que la mayoría se concentra en el Área Metropolitana de Buenos Aires, lo que podría dificultar el acceso en provincias como Entre Ríos.
Cuestionamientos por controles y derechos
El documento también cuestiona la exclusión de asociaciones de usuarios y organizaciones de derechos humanos del Órgano de Revisión, espacio encargado de monitorear el cumplimiento de la ley y las condiciones de internación.
Según plantearon, la iniciativa oficial reemplaza dispositivos comunitarios garantizados por ley por formulaciones más generales, dejando mayor margen de discrecionalidad al Poder Ejecutivo nacional.
Lejos de representar una mejora, los cambios propuestos implican un debilitamiento del enfoque de derechos humanos que guía la normativa vigente, sostuvieron las organizaciones firmantes.
El contexto entrerriano
Las entidades remarcaron además la situación crítica de Entre Ríos en materia de salud mental y suicidios.
En el comunicado señalaron que la provincia duplica la tasa nacional de suicidios y que algunas regiones incluso llegan a cuadruplicarla.
A su vez, denunciaron que Entre Ríos nunca cumplió con el mínimo legal de inversión en salud mental previsto por la ley nacional y que ni siquiera se acercó al 2 por ciento del presupuesto sanitario destinado al área.
Pedido al Gobierno provincial
Frente a ese escenario, las organizaciones reclamaron al gobierno de Rogelio Frigerio que se pronuncie públicamente en defensa de la legislación vigente.
Además, solicitaron la reapertura del Consejo Federal de Salud Mental y pidieron que Entre Ríos declare la emergencia provincial en salud mental, tal como ya ocurrió en otras once provincias argentinas.
La convocatoria fue impulsada por la Asamblea de Salud Mental de Entre Ríos, integrada por trabajadores y usuarios de centros de atención primaria, hospitales, universidades y organismos sindicales y de derechos humanos.
