ANDIS: Una auditoría destapó millonarios sobreprecios de hasta 4239%
El Ministerio de Salud detectó irregularidades extremas en contrataciones realizadas durante 2025. La causa ya involucra a decenas de personas y la Justicia investiga todo.
Entre los casos detectados aparecen compras de sillas de ruedas con incrementos cercanos al 2000%, además de operaciones vinculadas a andadores y prótesis cuyos montos quedaron muy por encima de los precios habituales. Uno de los ejemplos más llamativos fue la adquisición de un andador por una cifra varias veces superior al valor de otro producto de características similares.
Las irregularidades también alcanzaron insumos médicos de alta complejidad. La auditoría remarcó que el 8 de julio de 2025 la ANDIS pagó $425 millones por un sistema de válvulas cardíacas, mientras que meses antes el PAMI había adquirido el mismo producto por apenas $124 millones. Para los especialistas del Ministerio, estas operaciones muestran desvíos que resultan técnicamente indefendibles y exponen un patrón repetido de contratación.
La investigación judicial ya derivó en la citación a indagatoria de 49 personas. Entre ellas figura el contador Osmar Mariano Caballi, principal socio de Farma Salud, una de las compañías que más dinero recibió mediante este esquema. Según el expediente, la firma absorbió alrededor de $7.900 millones en contrataciones estatales.
Caballi había ocupado un cargo jerárquico dentro de la agencia durante la gestión de Alberto Fernández y, según declaraciones incorporadas a la causa, habría utilizado esa experiencia previa para acercar negocios con el Estado a determinadas empresas privadas.
El fiscal Picardi también investiga posibles maniobras para vulnerar el sistema digital de licitaciones Siipfis. De acuerdo con el dictamen judicial, esa herramienta permitió el despliegue de maniobras orientadas a beneficiar a determinados proveedores de manera ilícita y orquestada. La fiscalía detectó además la existencia de un grupo de WhatsApp denominado grupo museo, donde exfuncionarios y operadores externos presuntamente definían qué empresas participarían de las supuestas competencias de precios.
