Incendio en Victoria: "Entendemos que no solo hubo responsabilidad privada, sino también estatal" - AHORA Entre Ríos
El abogado de las víctimas del incendio ocurrido en Victoria a finales de 2025 celebró la nueva imputación,
La causa por el incendio fatal en Victoria, ocurrido el 30 de diciembre pasado y que terminó con la vida de Natalí, Agustina embarazada de cinco meses y, días después, con la autodeterminación de Fabricio, pareja de una de las víctimas, sumó una nueva imputación judicial.
El abogado querellante Augusto Greco confirmó a AHORA que la Justicia imputó a Jocelyn Bernachea como partícipe secundaria dentro de la estructura que operaba el comercio clandestino conocido como Costa Rica Fast Food.
Greco explicó que la acusada fue señalada por testigos como parte de la organización interna del local, desempeñando tareas de coordinación. Es la hermana de Verónica y cuñada de Ramón Mancilla. Dicho por los testigos, tenía un rol, si bien secundario, pero era como una encargada, detalló el letrado.
Con esta decisión, ya son tres los imputados en la causa: Ramón Mancilla, Verónica Bernachea y ahora Jocelyn Bernachea. Todos permanecen en libertad, con la única restricción de no acercarse a los familiares de las víctimas.
La querella insiste en que la investigación debe avanzar también sobre funcionarios municipales. Entendemos que para haber llegado a este resultado fatal no solamente tuvo responsabilidad la parte privada, sino también funcionarios estatales, sostuvo Greco, apuntando contra áreas de Bromatología, Seguridad e Higiene y Control Urbano.
Según el abogado, las declaraciones de los funcionarios ya aportaron indicios de incumplimiento de deberes, lo que podría derivar en sanciones por inobservancia y hasta inhabilitaciones para ejercer cargos públicos.
El profesional aseguró que ahora se viene la etapa más complicada; empezamos a recorrer un camino sinuoso cuesta arriba porque hay que lograr demostrar la responsabilidad de los funcionarios públicos.
A más de cuatro meses de la tragedia, las familias de las víctimas continúan reclamando justicia y mantienen viva la memoria de Natalí y Agustina con distintas actividades comunitarias. La investigación judicial, en tanto, avanza hacia una etapa clave: determinar las responsabilidades estatales en el funcionamiento de un local que operaba sin habilitación y con graves irregularidades.
