Entre Ríos lanzó un plan de desendeudamiento para empleados públicos y jubilados
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El Gobierno de Entre Ríos lanzó este lunes un programa de desendeudamiento destinado a empleados públicos activos y jubilados, en un contexto marcado por el crecimiento del sobreendeudamiento de las familias y el aumento de casos de quiebras personales de trabajadores estatales en la provincia.
En conferencia de prensa a la que asistió La Sexta, el ministro de Economía Fabián Boleas explicó que la iniciativa, presentada junto al Banco de Entre Ríos (BERSA), se denomina Programa de Desendeudamiento y Unificación de Pasivos y apunta a refinanciar deudas mediante créditos con tasa fija del 60% TNA, plazos de hasta 60 meses y dos meses de gracia sin pago de cuotas.
Según se informó oficialmente, la adhesión será completamente digital y podrá realizarse a través del sitio web de la entidad bancaria.
El anuncio se produce en medio de un escenario económico complejo, donde cada vez más trabajadores registrados -incluso con estabilidad laboral en el Estado- enfrentan dificultades para sostener sus compromisos financieros.
En Entre Ríos, juzgados civiles y comerciales ya vienen registrando un incremento de expedientes de quiebras personales y concursos de consumidores vinculados a empleados públicos atrapados por créditos, refinanciaciones y descuentos sobre sus haberes.
El fenómeno del sobreendeudamiento dejó de ser un problema aislado y comenzó a aparecer de manera recurrente en resoluciones judiciales y publicaciones del Boletín Oficial. Detrás de esos expedientes aparece una constante: salarios deteriorados por la inflación, aumento del costo de vida y endeudamiento acumulado para cubrir gastos básicos.
En ese marco, el programa provincial busca ofrecer una herramienta de alivio financiero mediante la unificación de pasivos en una sola cuota y con condiciones de pago más extensas. La medida está orientada tanto a trabajadores activos de la administración pública como a jubilados y pensionados provinciales.
Desde el Gobierno sostienen que el objetivo es ordenar las finanzas personales de los agentes estatales y evitar que la acumulación de deudas derive en situaciones judiciales extremas.
