Nuevo cupo de extracción de pescado: 35.000 kilos por acopiador
El Gobierno de Entre Ríos estableció un nuevo cupo de extracción de pescado en el Río Uruguay: cada acopiador habilitado podrá capturar hasta 35.000 kilos mensuales de sábalo y pescado de línea. La medida, vigente hasta septiembre, busca preservar el
El Gobierno de Entre Ríos estableció un nuevo cupo de extracción de pescado en el Río Uruguay: cada acopiador habilitado podrá capturar hasta 35.000 kilos mensuales de sábalo y pescado de línea. La medida, vigente hasta septiembre, busca preservar el recurso, fomentar la industria local.
El Gobierno de Entre Ríos estableció un nuevo límite para la explotación ictícola en el Río Uruguay. A través de la Resolución publicada en el Boletín Oficial Nº 28.330, la Dirección de Recursos Naturales y Fiscalización fijó un cupo mensual de 35.000 kilos por acopiador habilitado para las especies sábalo y pescado de línea. La medida, de carácter transitorio, busca equilibrar la actividad comercial con la preservación del recurso y garantizar el sustento de la pesca artesanal.
La normativa surge tras un análisis técnico que consideró las condiciones hidrológicas actuales de la cuenca como positivas. Bajo esa premisa, se autorizó a empresas y acopiadores con licencias vigentes (categorías L1 y L2) a operar dentro del nuevo esquema. El director del área, Mario Francisco Zárate, recordó que cualquier incumplimiento será sancionado bajo la Ley de Pesca Nº 4892, reafirmando el poder de policía de la provincia para asegurar un uso racional y sustentable de los ecosistemas entrerrianos.
Uno de los puntos centrales de la resolución es la prohibición de salida de materia prima sin valor agregado. Las capturas deberán ser sometidas obligatoriamente a procesos de industrialización elaborado, procesado y congelado, no pudiendo egresar del territorio provincial en estado fresco. Según el texto, esta disposición busca asegurar la trazabilidad y optimizar el aprovechamiento económico regional, fomentando la industria local y evitando la pérdida de valor en la cadena productiva.
La normativa tendrá vigencia hasta el 30 de septiembre de 2026, aunque el Área Técnica advirtió que podrá ser modificada o derogada anticipadamente si las condiciones climáticas comprometen la estabilidad del recurso.
