Ex presidente Nucleoeléctrica, imputado por gastos personales con tarjeta corporativa
El fiscal federal Ramiro González abrió una investigación contra Demian Reidel, ex titular de la empresa estatal, integrantes del directorio y usuarios auto
El fiscal federal Ramiro González impulsó una investigación penal contra Demian Reidel, ex presidente de Nucleoeléctrica Argentina S.A. y ex asesor del presidente Javier Milei, por presuntas irregularidades en el uso de tarjetas de crédito corporativas de la empresa estatal durante su gestión.
La causa busca determinar si existieron gastos de carácter particular realizados con fondos públicos entre marzo de 2025 y febrero de 2026, período en el que Reidel estuvo al frente de la compañía. La investigación también alcanza a integrantes del Directorio, de la Sindicatura y a los titulares y usuarios autorizados de los plásticos emitidos a nombre de la firma.
Según el requerimiento de instrucción presentado por la fiscalía, se analizará la utilización de la cuenta corporativa N° 338402 de Nucleoeléctrica Argentina S.A., luego de detectarse consumos que podrían no guardar relación con la actividad institucional de la empresa.
La denuncia surgió a partir de un informe de gestión presentado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ante la Cámara de Diputados, donde se incluyó un reporte elaborado tras un pedido de acceso a la información realizado por la diputada Florencia Carignano. Allí se detallaron operaciones que despertaron sospechas por su naturaleza y monto.
Entre los gastos observados figuran 45 compras en free shops por un total de 5.957 dólares y más de 1,1 millones de pesos; 13 pagos a una empresa de servicios de playa en Valencia por 212 dólares; consumos en hoteles, indumentaria, vuelos, transferencias mediante Mercado Pago y gastos en el pub El Pirata, de Madrid, por 765 dólares.
Además, se detectaron adelantos de efectivo por 56 millones de pesos, uno de los puntos que más llamó la atención de la fiscalía y de los denunciantes. También se cuestionó la falta de individualización de los responsables de cada consumo y la ausencia de documentación que justificara el destino institucional de esos gastos.
La diputada Marcela Pagano, una de las denunciantes, sostuvo que incluso si esos consumos hubieran ocurrido durante viajes oficiales, varios de ellos serían incompatibles con el régimen vigente de viáticos para funcionarios y empresas estatales.
La investigación apunta a posibles delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, peculado, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con la función pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Como primeras medidas, el fiscal pidió incorporar toda la documentación vinculada a la cuenta cuestionada, identificar a los usuarios autorizados y solicitar al banco emisor el detalle completo de cada operación, incluyendo fecha, comercio, concepto, monto y titular del plástico utilizado.
Además de esta causa, existe otra denuncia similar presentada por el diputado Esteban Paulón, que tramita en otro juzgado federal de Comodoro Py.
