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Cuestion Entrerriana 07/05/2026 23:17 2 min de lectura

Ante la OIT, sindicatos aeronáuticos ratificaron denuncias contra el Gobierno

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Ante la OIT, sindicatos aeronáuticos ratificaron denuncias contra el Gobierno
Foto: Cuestion Entrerriana

Cuatro sindicatos del sector aeronáutico ratificaron y ampliaron ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) las denuncias contra el Gobierno por violaciones al derecho de huelga, el deterioro de las condiciones laborales y la persecución de los líderes sindicales.

Las presentaciones fueron realizadas por la Asociación Argentina de Aeronavegantes, la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), la Asociación del Personal Aeronáutico (APA) y la Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales (UPSA).

Desde el sector gremial remarcaron que el eje de la denuncia se centra en la afectación de derechos laborales básicos y en la utilización de herramientas legales para condicionar la actividad sindical.

Compromiso con el derecho de huelga

Los dirigentes Juan Pablo Brey (Aeronavegantes), Pablo Biró (APLA), Rubén Fernández (UPSA) y Edgardo Llano (APA) reafirmaron su compromiso inquebrantable con la protección del derecho de huelga, al que definieron como una herramienta esencial de los trabajadores para defender sus derechos laborales, salariales y convencionales.

En ese marco, Brey destacó el trabajo conjunto realizado desde el sector aeronáutico en la defensa de las condiciones laborales y de los derechos de todos los trabajadores de la actividad.

El dirigente sostuvo que sin derecho de huelga no hay libertad sindical plena y advirtió que, sin esa libertad, no es posible garantizar un trabajo digno.

Críticas a la reforma laboral y a la declaración de esencialidad

Además, Brey repudió cualquier intento de utilizar la declaración de esencialidad, contenida en la Ley de Reforma Laboral, como un mecanismo para restringir o limitar el ejercicio legítimo de la acción sindical.

Y añadió: La seguridad operacional y la prestación de servicios públicos no pueden ser justificativos para ignorar derechos fundamentales establecidos en la normativa nacional e internacional, al cuestionar el uso de esos argumentos para limitar las medidas de fuerza en el sector.

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