La disputa por el financiamiento universitario quedó en manos de la Corte Suprema
Aunque la medida cautelar sigue vigente, el máximo tribunal deberá decidir si interviene en una de las principales disputas entre el Gobierno y el sistema un
La Cámara Contencioso Administrativo Federal habilitó este jueves que la disputa por el financiamiento universitario llegue de manera directa a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, luego de conceder el recurso extraordinario presentado por el Estado nacional contra la cautelar que lo obliga a cumplir con artículos centrales de la ley.
La decisión fue tomada por la Sala III del tribunal, integrada por los jueces Sergio Gustavo Fernández y José Luis López Castiñeira, y se refiere específicamente a los artículos vinculados con los salarios de docentes y no docentes universitarios, además de la actualización de becas estudiantiles.
Si bien la resolución no deja sin efecto la cautelar vigente, sí abre la posibilidad de que el máximo tribunal intervenga en uno de los principales conflictos políticos y presupuestarios entre la Casa Rosada y el sistema universitario nacional.
En el fallo, los magistrados señalaron que, aunque la decisión apelada no constituye una sentencia definitiva, correspondía conceder el recurso extraordinario debido a que el planteo del Ejecutivo involucra la interpretación de normas federales vinculadas a la administración de fondos públicos.
El conflicto se centra en la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, que el Gobierno cuestiona desde que fue vetada parcialmente en 2025 y posteriormente insistida por el Congreso. La postura oficial sostiene que la norma no establece con claridad de qué partidas deben salir los recursos ni cuáles serían las fuentes concretas de financiamiento.
Ese argumento ya había sido rechazado por la propia Cámara el 31 de marzo pasado, cuando confirmó la cautelar de primera instancia que ordenó al Estado cumplir de inmediato con los artículos 5 y 6 de la ley. En aquella oportunidad, el tribunal consideró que el Ejecutivo no podía frenar la aplicación de una ley posterior del Congreso utilizando otra norma anterior de igual jerarquía.
Pese a ese revés judicial, el Gobierno insistió con su estrategia y presentó el recurso extraordinario, argumentando que la implementación debe ajustarse a la disponibilidad presupuestaria para evitar un impacto negativo sobre el equilibrio fiscal.
En esta nueva resolución, la Cámara también rechazó el planteo oficial sobre una suppuesta "gravedad institucional", al sostener que el reclamo no apunta a proteger un interés institucional general sino un interés patrimonial del Estado.
Ahora será la Corte Suprema la que deberá decidir si acepta intervenir y cuál será el alcance de su pronunciamiento. Mientras tanto, la discusión sobre la aplicación concreta de la ley continúa abierta y sigue generando expectativa tanto en el Gobierno como en las universidades públicas del país.
