Incentivo laboral: en la formalización ven una vía para sostener el arraigo rural
Tras el decreto que reduce cargas para nuevas contrataciones, la central cooperativa CONINAGRO destacó el impacto potencial en la generación de trabajo registrado y el fortalecimiento de las economías regionales.
La puesta en marcha del Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL) abrió un nuevo escenario en el debate sobre el empleo en la Argentina, con especial impacto en el entramado agropecuario y las economías regionales.
A partir del Decreto 315/2026, el Gobierno reglamentó un esquema que busca reducir el costo de incorporación de trabajadores al sistema formal, un punto históricamente señalado como una de las principales barreras para la generación de empleo registrado.
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Desde la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (CONINAGRO) valoraron la medida y señalaron que se trata de un avance en la dirección correcta, en tanto apunta a aliviar la carga impositiva que enfrentan los empleadores.
El régimen establece que, durante los primeros 48 meses de cada nueva relación laboral con trabajadores no registrados, las contribuciones patronales se reduzcan a un 2% destinado al sistema previsional y a los fondos de empleo y asignaciones familiares, y a un 3% para el sistema de salud.
Menos presión y más oportunidades en el interior productivo
La diferencia respecto de las alícuotas del régimen general, que en algunos casos alcanzan un 23,5% combinado, marca un cambio significativo en los costos asociados a la formalización.
Para el sector agropecuario, donde la estacionalidad y la dispersión territorial suelen complejizar la registración, esta herramienta podría facilitar la incorporación de trabajadores al sistema legal.
En ese sentido, desde la entidad remarcaron que la informalidad laboral no responde a una cuestión cultural, sino a una lógica económica.
Durante años, sostienen, el costo de registrar empleados resultó considerablemente más alto que mantenerlos fuera del sistema, lo que derivó en un escenario de baja cobertura, menor recaudación y condiciones laborales más precarias.
El nuevo esquema busca revertir esa tendencia mediante incentivos concretos. En un contexto de dificultades macroeconómicas y presión sobre los márgenes productivos, la reducción de cargas aparece como un elemento clave para dinamizar la contratación, mejorar la competitividad y fortalecer el tejido productivo, especialmente en el interior del país.
Uno de los puntos centrales que destacan desde el cooperativismo es el impacto que este tipo de medidas puede tener en el arraigo rural.
La generación de empleo formal en las zonas productivas no solo mejora las condiciones de vida de los trabajadores, sino que también contribuye a fijar población en los territorios, evitando procesos de migración hacia los grandes centros urbanos.
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El arraigo, en este marco, se vincula directamente con la posibilidad de acceder a un trabajo estable, con cobertura social y perspectivas de desarrollo. Para muchas economías regionales, la falta de empleo formal ha sido históricamente un factor que limita el crecimiento y debilita el entramado social.
Además, la formalización tiene efectos positivos sobre el propio sistema previsional y de salud, al ampliar la base contributiva. Esto no solo mejora la sostenibilidad de estos esquemas en el mediano y largo plazo, sino que también permite una mayor equidad en la distribución de los recursos.
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Desde CONINAGRO también subrayaron que esta medida se inscribe en un planteo más amplio vinculado a la necesidad de reducir la presión fiscal sobre la producción.
En particular, hicieron referencia a los impuestos que gravan el trabajo y a los derechos de exportación, como variables que inciden directamente en la competitividad del sector.
En este escenario, el desafío será evaluar el impacto real del régimen en los próximos meses y su capacidad para transformar las expectativas en resultados concretos.
La continuidad de políticas que apunten a generar condiciones más favorables para la inversión y el empleo será clave para consolidar una tendencia que permita fortalecer el desarrollo productivo y social en las regiones.
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Con una mirada puesta en el largo plazo, el cooperativismo agropecuario reafirmó su compromiso con la generación de empleo de calidad y el impulso de un entorno más dinámico e inclusivo.
La evolución del RIFL será, en ese sentido, un indicador relevante para medir si la reducción de costos laborales logra traducirse en más formalidad y mayor arraigo en el interior productivo.
