Secta de Montenegro en Bariloche: la Justicia confirmó la prisión domiciliaria del líder ruso
El tribunal rechazó la apelación presentada por el Ministerio Público Fiscal y dejó firme la medida cautelar para Konstantin Rudnev, principal imputado en la causa por trata de personas
La Justicia federal confirmó que Konstantin Rudnev, el ciudadano ruso acusado de liderar una secta dedicada a la trata de personas en Bariloche, seguirá con prisión domiciliaria.
La decisión fue tomada por el Colegio de Jueces de Revisión del Distrito General Roca, que rechazó un recurso extraordinario presentado por la fiscalía. El objetivo del planteo era que el imputado dejara el arresto en su casa y fuera trasladado a una cárcel federal en Rawson, Chubut. Sin embargo, los jueces consideraron que ese recurso no era válido, ya que la resolución cuestionada no es definitiva ni genera un perjuicio irreparable para el proceso.
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En ese sentido, explicaron que lo único que se modificó fue la modalidad de la detención de cárcel común a domiciliaria, pero no la medida en sí. Por eso, entendieron que no correspondía la intervención de una instancia superior.
Por esa razón, también desestimó el planteo de arbitrariedad que había presentado el Ministerio Público Fiscal y descartó que interviniera la Cámara Federal de Casación Penal.
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El abogado defensor Martín Sarubbi interpretó el fallo como un respaldo a su postura en el expediente. Esto demuestra que ni siquiera se estaban aplicando correctamente las normas procesales argentinas, afirmó.
Sarubbi también sostuvo que no hay víctima, no hay evidencia concreta que sostenga el delito, y agregó que peritajes previos ya descartaron elementos que en un principio se presentaron como relevantes.
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Además, cuestionó la aplicación de la figura de trata de personas y la definió como excesivamente amplia y pasible de interpretaciones arbitrarias. El sistema debe proteger derechos, no vulnerarlos, planteó el letrado.
La defensa de Rudnev había solicitado el arresto domiciliario luego de que la Justicia dispusiera esa modalidad de detención el pasado 23 de abril. El tribunal fijó como lugar de cumplimiento una vivienda en San Vicente, provincia de Buenos Aires, con medidas estrictas: uso de tobillera electrónica, prohibición de contacto con la presunta víctima, intervención de garantes y una caución real de 30 millones de pesos, que se realizó seis días después, el 29 de abril, por el monto determinado.
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Según la Dirección de Asistencia a Personas Bajo Vigilancia Electrónica, todas esas condiciones ya estaban en regla y el sistema de control estaba disponible para su colocación. Pero la fiscalía impugnó la decisión y sostuvo que persistían riesgos procesales.
Entre sus objeciones, el Ministerio Público mencionó la ubicación rural del domicilio, la dificultad de acceso, la convivencia con una mujer considerada vulnerable y que la caución fijada resultaba insuficiente.
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Además, señaló la condena previa de Rudnev en Rusia por delitos sexuales y narcotráfico, y el contexto de su detención en el aeropuerto de Bariloche, cuando intentó salir del país y se autolesionó.
Finalmente, el tribunal de revisión desestimó estos argumentos y ratificó la vigencia de la medida cautelar. En la resolución se recordó el principio de libertad durante el proceso, respaldado por tratados internacionales, y se subrayó que las restricciones deben estar debidamente fundamentadas.
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La causa contra Rudnev investiga una supuesta organización que, bajo la fachada de un espacio de yoga y espiritualidad, habría captado y trasladado a una joven rusa y a su hijo con fines de explotación sexual y reducción a la servidumbre.
El expediente comenzó tras una alerta médica en el Hospital Ramón Carrillo de Bariloche, donde una joven de 22 años -de la misma nacionalidad que el acusado- dio a luz y denunció situaciones irregulares.
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Según la defensa, la presunta víctima negó ante la Justicia haber sido captada o explotada, y no existen pruebas que sostengan la acusación.
El proceso sigue en etapa de investigación y la defensa anticipó que continuará impulsando medidas para cerrar el caso. No se puede sostener un proceso indefinidamente sin evidencia, advirtió Sarubbi.
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