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DesdeEntreRios 05/05/2026 10:32 1 min de lectura

Amenazas en escuelas: En Entre Ríos se gastaron más de $ 250.000.000 en operativos

En el marco de una reunión que convocó a funcionarios del Consejo General de Educación, la Policía, COPNAF y el área de Justicia de Entre Ríos, se avanzó en la evaluación de medidas para que los padres o tutores de menores identificados como autores

En el marco de una reunión que convocó a funcionarios del Consejo General de Educación, la Policía, COPNAF y el área de Justicia de Entre Ríos, se avanzó en la evaluación de medidas para que los padres o tutores de menores identificados como autores de amenazas en escuelas asuman los costos de los operativos policiales. “Cada vez que se activa un protocolo por amenaza de bomba o tiroteo, se movilizan recursos humanos, logísticos y tecnológicos que tienen un costo altísimo para los contribuyentes. Ese despliegue, provocado por una conducta irresponsable, configura un daño patrimonial que el Estado no tiene por qué absorber”, señalaron las autoridades en el encuentro.De acuerdo a lo establecido en el Código Civil y Comercial de la Nación, la responsabilidad civil recae directamente sobre los progenitores o responsables. En este sentido, la provincia iniciará las acciones legales para que los padres o tutores de los alumnos ya identificados en las causas judiciales afronten el pago de los costos operativos.

Destacaron que gracias al trabajo de inteligencia tecnológica de la policía, ya se ha individualizado a la mayoría de los autores de diversas amenazas en distintas localidades.Las autoridades de seguridad estimaron que los costos de la suma de los operativos ante mensajes amenazantes ascendieron a una cifra que supera los 250 millones de pesos. Este cálculo incluye el despliegue de móviles, personal especializado, brigadas de explosivos, logística y horas hombre que se detraen de la prevención del delito común.”No estamos ante una broma estudiantil, sino ante un delito penal que genera alarma pública y un gasto innecesario de recursos que deberían estar destinados a la prevención del delito real”, concluyeron.

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