Adorni destina $229 millones a encuestas de opinión pública
La Jefatura de Gabinete cerró acuerdos con 14 consultoras para realizar estudios de opinión durante un año, con opción de prórroga.
En medio de un clima político marcado por la preparación hacia las elecciones de 2027, el Gobierno apuesta a reforzar el monitoreo de la gestión a través de un paquete de encuestas que busca medir percepciones ciudadanas en distintos frentes. La decisión abre debate sobre el uso de fondos públicos en tiempos de ajuste.
Cómo se instrumentarán las contrataciones
La documentación oficial detalla que la licitación corresponde al servicio de realización de estudios de monitoreo de la gestión y opinión pública. El contrato rige por un año y puede extenderse por otros 12 meses. El mecanismo elegido fue el sistema de Acuerdo Marco, que permite a las empresas interesadas cotizar sus servicios y, una vez aprobadas, habilita a la Jefatura de Gabinete a solicitar trabajos mediante órdenes de compra discrecionales, sin nuevos controles, siempre dentro del presupuesto asignado.
En ese esquema se acordó con 14 encuestadoras, entre ellas MVP Data, MBC Consultores, Isonomía, MIDTA, Julio Aurelio, MFG Consultores, Taquion, TresPuntoZero, la Universidad Nacional de Tres de Febrero, María Florencia Filadoro, Rubikon Intel, Inteligencia Analítica y Magalí Laura Gómez. También figura Opinaia, dirigida por Juan Mayol, consultor cercano al presidente Javier Milei. La lista fue difundida por el periodista Ari Lijalad.
El costo y las comparaciones presupuestarias
El gasto proyectado asciende a $229 millones, cifra que especialistas comparan con el presupuesto de instituciones educativas. Según cálculos difundidos, equivale a tres meses de funcionamiento de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA. La comparación busca dimensionar el impacto de la inversión en encuestas frente a otras necesidades del Estado.
El pliego contempla diversas modalidades de relevamiento: encuestas telefónicas automáticas (IVR), encuestas telefónicas con encuestador (CATI), relevamientos presenciales, sondeos online, grupos focales e incluso trabajos en comunidades de WhatsApp. La variedad de herramientas apunta a captar percepciones en distintos segmentos de la población y a obtener información cualitativa y cuantitativa sobre la gestión.
La decisión de contratar encuestadoras se inscribe en un escenario donde el oficialismo busca medir el pulso social de cara a la previa electoral de 2027. El monitoreo permanente de la opinión pública se convierte en una herramienta estratégica para ajustar políticas y mensajes. Sin embargo, la magnitud del gasto genera críticas en sectores que cuestionan la prioridad de destinar fondos a estudios de percepción en lugar de reforzar áreas sensibles como educación o salud.
Fuente: Cuestión Entrerriana
