Certificado de discapacidad: sin arancel, pero con gastos que golpean el bolsillo
El trámite es gratuito, pero en la práctica implica costos indirectos que muchas personas deben asumir para completarlo.
Certificado de discapacidad: sin arancel, pero con gastos que golpean el bolsillo
El trámite es gratuito, pero en la práctica implica costos indirectos que muchas personas deben asumir para completarlo.
Existe una idea extendida de que obtener el Certificado Único de Discapacidad (CUD) implica un desembolso importante, lo que lleva a muchas personas a postergar el trámite. Sin embargo, la normativa vigente es clara: el procedimiento es totalmente gratuito en todas sus etapas, desde la solicitud del turno hasta la evaluación y la entrega del certificado.
La Ley Nacional N° 22.431 establece que el acceso al CUD es un derecho, sin aranceles ni pagos exigidos por el Estado. Así lo ratifican organismos oficiales, que advierten sobre la proliferación de intermediarios que ofrecen gestionar turnos o acelerar procesos a cambio de dinero.
Este tipo de prácticas no tiene validez y puede ser denunciado, ya que el resultado de la evaluación depende exclusivamente de criterios médicos y técnicos.
Ahora bien, aunque el trámite en sí no tiene costo, en la práctica pueden surgir gastos asociados. Entre ellos, consultas médicas privadas, estudios complementarios o informes específicos que la Junta Evaluadora puede requerir para completar el diagnóstico. También se suman los costos de traslado hacia centros de salud o sedes donde se realiza la evaluación.
En muchos casos, estudios como resonancias, análisis genéticos o informes especializados no están cubiertos por el sistema público o la obra social, lo que obliga al solicitante a asumir esos gastos. Es allí donde aparece la percepción de que el trámite no es gratis.
Desde organismos oficiales recomiendan, ante cualquier intento de cobro indebido, realizar la denuncia correspondiente en defensa del consumidor, en las autoridades sanitarias locales o en la Agencia Nacional de Discapacidad. Registrar datos de quienes ofrecen estos servicios irregulares es clave para frenar estas prácticas.
En definitiva, el Certificado Único de Discapacidad no tiene costo administrativo, pero su acceso puede implicar un esfuerzo económico indirecto. Informarse por canales oficiales y utilizar los servicios públicos disponibles es fundamental para garantizar el ejercicio de este derecho.
