Declaran nula la resolución que dejó desiertos los concursos de fiscales en Sáenz Peña
La jueza Lorena Hruza consideró que las abstenciones de consejeros no estuvieron debidamente fundamentadas y ordenó una nueva votación con argumentos claros
La jueza Lorena Bettiana Hruza resolvió hacer lugar al amparo presentado por tres postulantes al cargo de fiscales en Sáenz Peña, se trata de Cristian Arana, Geraldine Dilchoff y Tatiana Mañak y declaró la nulidad del Acta Nº 1302, que había dejado sin efecto los concursos para cargos de fiscal en Sáenz Peña.
En su fallo, cuestionó la falta de motivación de las abstenciones de los consejeros y advirtió que la discrecionalidad del órgano no puede ejercerse sin fundamentos claros, ordenando emitir un nuevo acto administrativo que respete la legalidad, la razonabilidad y la igualdad.
En su sentencia la jueza del Juzgado de Niñez, Adolescencia y Familia Nº 2 de Sáenz Peña, Lorena Bettiana Hruza, declaró la nulidad de la resolución del Consejo de la Magistratura que había dejado desiertos los concursos para cubrir dos fiscalías en la Segunda Circunscripción Judicial.
La magistrada sostuvo que el amparo era la vía idónea para revisar un acto administrativo que, por su falta de motivación, resultaba arbitrario. "La ausencia de fundamentos claros en las abstenciones configura un vicio grave que habilita la intervención judicial", señaló en su resolución.
Demas sostiene que "quienes superaron todas las etapas del concurso tienen derecho a una decisión fundada, aunque no exista un derecho subjetivo automático a ser designados. La falta de motivación lesiona ese derecho".
Hruza menciono que, si bien el Consejo posee un margen de discrecionalidad en la selección de postulantes, esa facultad no es absoluta y debe ejercerse dentro de los límites de la legalidad y la razonabilidad. En este sentido, cuestionó que los consejeros hayan basado sus abstenciones en supuestos "mandatos" informales de colegios de abogados, sin respaldo documental ni normativo.
La jueza concluyó que los postulantes que habían alcanzado el nivel de excelencia en el concurso tenían derecho a una decisión fundada y transparente. Por ello, ordenó al Consejo emitir un nuevo acto de selección que garantice el debido proceso y respete los principios constitucionales.
