El ajuste no es un plan económico, es un plan de exclusión
En Argentina, hablar de discapacidad ya no es solo referirse a derechos adquiridos, sino también a una realidad cada vez más compleja para miles de familias que enfrentan obstáculos cotidianos para acceder a prestaciones básicas. Lo que debería ser u
En Argentina, hablar de discapacidad ya no es solo referirse a derechos adquiridos, sino también a una realidad cada vez más compleja para miles de familias que enfrentan obstáculos cotidianos para acceder a prestaciones básicas.
Lo que debería ser un sistema de contención y acompañamiento, en muchos casos se percibe como un entramado burocrático que deja a las personas en situación de extrema vulnerabilidad.
Durante el último tiempo, se han multiplicado los testimonios de madres y padres que denuncian demoras, recortes y falta de respuestas concretas. Detrás de cada caso hay historias atravesadas por el desgaste emocional, la incertidumbre y la sensación de abandono. No se trata solo de números o estadísticas, sino de vidas que dependen de decisiones administrativas y políticas.
En este contexto, la iniciativa impulsada por el Ministerio de Salud de la Nación Argentina para reformular el sistema de pensiones por invalidez encendió fuertes cuestionamientos. Bajo el argumento de combatir irregularidades y optimizar recursos, el proyecto propone cambios que, en la práctica, podrían restringir el acceso a beneficios y dejar afuera a sectores que hoy logran sostener cierta autonomía, incluso con empleo parcial.
Uno de los puntos más controvertidos es el desplazamiento del criterio basado en el Certificado Único de Discapacidad, que actualmente acredita la condición de discapacidad y garantiza derechos en todo el país. Reemplazar este enfoque por uno centrado exclusivamente en la incapacidad laboral implica desconocer la diversidad de situaciones y necesidades, además de limitar la inclusión social y laboral de quienes buscan desarrollarse dentro de sus posibilidades.
Más allá del debate técnico, lo que está en juego es el modelo de sociedad que se quiere construir. La discapacidad no puede abordarse únicamente desde una lógica de ajuste o control del gasto público. Requiere políticas sostenidas, sensibilidad institucional y, sobre todo, la decisión de no mirar hacia otro lado. Porque cuando el Estado se retrae, quienes pagan el costo son siempre los mismos: los más frágiles.
Omar Acosta Activista y Promotor de Derechos de las P.C.D . Presidente de Agrupación Discapacidad y Adultos Mayores Entre Ríos Mentor de Neuroconvivencias Métodos (pedagogías Alternativas) Neuropsicólogo Clínico M.N 1725 .
