HIF Global: la Justicia designó un perito biólogo y exige respuesta de la CARU en diez días
La Justicia Federal dio nuevos pasos en la investigación ambiental por el proyecto en el río Uruguay. Se ordenó una pericia técnica y se solicitó información clave a la CARU.
HIF Global: la Justicia designó un perito biólogo y exige respuesta de la CARU en diez días
La Justicia Federal dio nuevos pasos en la investigación ambiental por el proyecto en el río Uruguay. Se ordenó una pericia técnica y se solicitó información clave a la CARU.
Domingo, 26 de Abril de 2026,
9:52
Redacción EL ARGENTINO
La causa judicial vinculada al proyecto de la empresa HIF Global sumó avances significativos en las últimas horas, en el marco de la acción preventiva por posible daño ambiental presentada por legisladores nacionales.
El expediente, que tramita en la órbita de la Justicia Federal, apunta a evaluar el impacto del emprendimiento de producción de e-combustibles previsto en Paysandú, sobre las costas argentinas del río Uruguay.
Entre las medidas adoptadas, se designó como perito a la bióloga Viviana Beatriz Cousté, quien confirmó que cuenta con la idoneidad técnica para llevar adelante la evaluación. La especialista deberá realizar tareas de campo, incluyendo relevamientos ambientales, identificación de zonas de acceso y toma de muestras de agua para análisis fisicoquímicos y microbiológicos.
Además, tomó intervención la Defensora Pública Oficial ante los juzgados federales de Concepción del Uruguay, en línea con lo establecido por el Código Procesal Civil y Comercial, debido a la complejidad y urgencia del caso.
Otro punto clave es el pedido de informes dirigido a la CARU, organismo binacional encargado de la administración del río Uruguay. La entidad deberá responder en un plazo de diez días hábiles si fue notificada sobre el proyecto industrial y si recibió el correspondiente estudio de impacto ambiental transfronterizo por parte de la empresa o sus subsidiarias.
En paralelo, también se tramitan exhortos internacionales para notificar formalmente a las partes involucradas, entre ellas el Estado uruguayo.
La causa busca determinar si el proyecto cumple con las normativas ambientales vigentes y si podría generar consecuencias negativas en el ecosistema compartido entre Argentina y Uruguay.
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