Concordia pagará 250 millones mensuales a la empresa VITSA por la recolección de residuos
La Municipalidad de Concordia publicó finalmente el convenio que oficializa la contratación directa de la empresa cordobesa VITSA, incorporada al servicio de recolección de residuos tras la declaración de la Emergencia Ambiental aprobada el 19 de marzo por el Concejo Deliberante. Los camiones de la firma ya estaban en la ciudad incluso antes de la votación.
El acuerdo un documento de 11 páginas con 19 cláusulas y dos anexos fija que la empresa se hará cargo de la recolección manual y contenerizada, el traslado y la disposición final de los residuos urbanos.
El costo del servicio
La cláusula sexta establece un valor inicial de $250.000.000 mensuales (IVA incluido), con actualización trimestral. El ajuste combina tres variables:
salarios del convenio de Camioneros,
Índice de Precios Mayoristas,
precio del combustible grado 3 en la estación YPF de Pellegrini y Catamarca.
Duración y condiciones
El contrato tendrá una vigencia de seis meses, prorrogables automáticamente por otros seis, lo que en la práctica garantiza un año de prestación salvo que alguna de las partes decida lo contrario.
VITSA también deberá permitir que la Municipalidad utilice los laterales y la parte trasera de los camiones como espacio publicitario, reservándose la empresa un 15 % para su marca.
En materia de responsabilidades, cada parte asume los daños que pudiera ocasionar su personal o sus unidades, mientras que VITSA se hace cargo del mantenimiento, insumos y combustible de los vehículos.
Confidencialidad y recursos mínimos
Concejales de la oposición. Se opusieron al convenio y a la declaración de "Emergencia Ambiental" pero su número no impidió que el proyecto fuera aprobado y se pusiera en marcha la contratación anticipada de la empresa cordobesa.
El convenio incluye una cláusula de confidencialidad por cinco años posteriores a la finalización del servicio, salvo información alcanzada por normas de transparencia.
Los anexos detallan los ocho sectores de la ciudad donde operará la empresa y los recursos mínimos comprometidos: 22 trabajadores (choferes, operarios, mecánicos, supervisores y personal de lavadero) y cinco unidades, entre prensas de carga trasera, vehículos de supervisión y mantenimiento.
VITSA: demasiadas coincidencias para un contrato que debía ser de emergencia
La contratación de la empresa cordobesa VITSA para la recolección de residuos dejó más preguntas que respuestas. Y no son preguntas menores: se trata de un servicio esencial, de un contrato millonario y de un procedimiento que, lejos de despejar dudas, las multiplica.
La secuencia es conocida, pero vale repasarla porque allí está el corazón del problema. Primero aparecieron los camiones de VITSA en Concordia. No había ordenanza, no había contrato, no había expediente publicado. Solo los camiones, estacionados y listos para salir. Al día siguiente, el Concejo Deliberante con la mayoría automática del oficialismo aprobó la Emergencia Ambiental que habilitó la contratación directa. Y casi en simultáneo, la empresa comenzó a prestar el servicio, aun cuando la documentación formal recién se firmaría ese mismo día.
Demasiada anticipación para un proceso que, en teoría, debía ser excepcional. Demasiada sincronía para un contrato que se supone urgente, pero no previsible. Demasiada prolijidad logística para una empresa que, oficialmente, todavía no había sido contratada.
El convenio publicado luego en el Boletín Oficial confirma lo que ya se intuía: VITSA fue incorporada con un costo inicial de 250 millones de pesos mensuales, actualizables cada tres meses. Un monto significativo para una ciudad que atraviesa dificultades financieras y que, según el discurso oficial, necesitaba soluciones inmediatas.
Pero la inmediatez no explica la anticipación. La emergencia no justifica que los camiones estuvieran en Concordia antes de que el Concejo siquiera debatiera el tema. Y la urgencia tampoco explica que el servicio comenzara antes de que existiera un contrato firmado.
Cuando los hechos se encadenan con tanta precisión, la ciudadanía tiene derecho a preguntarse si la decisión estaba tomada de antemano. Si la emergencia fue una herramienta o una excusa. Si la contratación directa respondió a una necesidad real o a un acuerdo previo que solo necesitaba un marco legal para formalizarse.
La transparencia no se declama: se demuestra. Y en este caso, lo que se demostró es que el procedimiento fue, como mínimo, opaco.
Concordia merece saber por qué una empresa privada llegó antes que la ordenanza que la habilitaba. Merece saber quién autorizó su presencia, quién coordinó su desembarco y bajo qué criterio se decidió que el servicio debía comenzar incluso antes de que existiera un contrato.
Porque cuando los camiones llegan antes que la ley, la sospecha llega antes que la explicación.
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