Fin de los celulares en las prisiones: Autorizado el bloqueo total en todo el país
El Gobierno argentino, a través del Ministerio de Seguridad Nacional, autorizó mediante la Resolución 336/2026 (publicada en el Boletín Oficial) la instalación de sistemas de detección y bloqueo de
El Gobierno argentino, a través del Ministerio de Seguridad Nacional, autorizó mediante la Resolución 336/2026 (publicada en el Boletín Oficial) la instalación de sistemas de detección y bloqueo de señales de telefonía móvil en las cárceles federales de todo el país.
Se habilita el uso de tecnología para detectar y bloquear códigos IMEI (del dispositivo) e IMSI (de la tarjeta SIM), lo que permite identificar y anular el funcionamiento de celulares dentro de los establecimientos penitenciarios.
El objetivo es impedir que las personas privadas de libertad coordinen delitos desde las cárceles, como extorsiones, estafas digitales, narcotráfico o planificación de crímenes organizados.
La medida refuerza la normativa vigente que ya prohíbe el uso de celulares en prisiones, pero ahora se dota al Servicio Penitenciario Federal de herramientas tecnológicas concretas (inhibidores o bloqueadores selectivos).
Cabe recordar que durante la pandemia se relajaron algunos controles y se permitió en ciertos casos el uso de celulares para mantener contacto familiar. Eso facilitó que bandas operen desde adentro, algo que generó fuerte rechazo social tras casos de extorsiones graves (como el que derivó en el suicidio de un soldado en Olivos en febrero de 2026).
En los últimos meses, varios proyectos de ley en el Congreso y en provincias (Chubut, Río Negro, Buenos Aires) buscan prohibir explícitamente los celulares y endurecer sanciones.
Esta resolución del Ejecutivo va en esa línea: prioriza el control y la prevención del delito sobre el acceso irrestricto a la comunicación móvil.
¿Qué se espera?
- Bloqueo total en la práctica dentro del perímetro carcelario, aunque técnicamente puede ser selectivo o por zonas para evitar interferencias externas innecesarias.
- Los internos mantendrían derecho a comunicarse, pero a través de líneas fijas o sistemas controlados por el Servicio Penitenciario (como ocurre en muchos países con protocolos estrictos).
- Se espera que esto complique el negocio delictivo que se maneja desde las prisiones.
La medida es bien recibida por sectores que vienen denunciando hace años que las cárceles se convirtieron en centros de comando del crimen.
Críticos de derechos humanos podrían cuestionar posibles afectaciones a la comunicación familiar, pero el Gobierno argumenta que el derecho a la comunicación no incluye el de delinquir.
