El empresario entrerriano Gabriel Losi se abstuvo de declarar en el juicio de la causa Cuadernos | Análisis
Losi se negó a declarar en el juicio de la Causa Cuadernos, donde Pitón rompió el silencio y denunció presiones para mentir durante la investigación.
El empresario paranaense Gabriel Losi se abstuvo de declarar en su indagatoria ante el Tribunal Oral Federal N°7, en el marco del juicio por la denominada Causa Cuadernos, una decisión que se inscribe en la estrategia defensiva adoptada por varios de los acusados.
Losi, vicepresidente de Losi S.A., optó por el silencio el pasado 14 de abril, al igual que lo había hecho días antes Mario José Maxit, director comercial de Isolux Ingeniería S.A. Ambos están imputados como partícipes necesarios del delito de cohecho activo.
Sin embargo, la dinámica de las audiencias tuvo un giro el 16 de abril, cuando el empresario Daniel Pitón, de la firma José Eleuterio Pitón S.A., decidió declarar y desmarcarse de esa línea. Durante su testimonio, aseguró que había mentido en la etapa de instrucción: Nos vimos en la obligación de mentir para no ir presos, sostuvo.
Pitón, acusado como coautor de cohecho activo, negó haber entregado dinero al financista Ernesto Clarens, indicando que solo recurrió a él para gestionar pagos demorados de obras.
La causa investiga un presunto esquema de recaudación ilegal que habría funcionado entre 2003 y 2015, mediante el cual empresarios de sectores como la construcción, energía y transporte entregaban dinero a cambio de beneficios en la adjudicación de obra pública. Según la acusación fiscal, ese sistema contaba con al menos dos circuitos de recaudación y tenía como principal responsable a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
El expediente tomó notoriedad pública en agosto de 2018, tras una serie de detenciones y allanamientos ordenados por el entonces juez federal Claudio Bonadio, a partir de la difusión de los cuadernos escritos por Oscar Centeno, exchofer del exfuncionario Roberto Baratta.
En esos registros se detallaban supuestos traslados de dinero desde empresas contratistas del Estado hacia dependencias oficiales. La exmandataria ha cuestionado reiteradamente el proceso, al que calificó como un show judicial con motivaciones políticas.
