Cuando el Estado se borra, la comunidad pone el cuerpo
Desde el Comité Ciudad de la Unión Cívica Radical de Concepción del Uruguay no podemos mirar para otro lado frente a una situación que ya no admite eufemismos: lo que está pasando con la Casa del Menor es la muestra más cruda de un Estado que no está cumpliendo.
Una institución que desde 1967 contiene, educa y acompaña a niños en situación de vulnerabilidad hoy tiene que hacerse cargo de lo que debería garantizar el Municipio: que los chicos puedan llegar a la escuela.
Así de básico.
Así de grave.
Mientras la ciudad crece hacia el norte y el oeste, el transporte público no acompañó ese crecimiento. O peor: en algunos casos, directamente dejó de existir. Hoy hay chicos que no tienen cómo llegar. Padres que no pueden cumplir con sus trabajos. Docentes que ven cómo el sistema se cae a pedazos.
¿Y cuál es la respuesta?
Silencio.
La institución ha gestionado, ha golpeado puertas, ha pedido soluciones. Han hablado con funcionarios municipales y provinciales. Han presentado notas formales. Han solicitado audiencias.
Y aun así, no hay respuestas.
Frente a eso, la Casa del Menor hace lo que puede: contrata un servicio privado para no dejar a los chicos afuera. Un costo de $1.500.000 mensuales que no debería existir. Que es una barbaridad. Que es, en definitiva, el precio de la ausencia del Estado.
Y mientras tanto, la comunidad como siempre responde. Colabora. Acompaña. Se hace cargo.
Pero hay algo que hay que decir con todas las letras:
la solidaridad no puede ser la excusa de la política para no hacer nada.
Esto no es un problema técnico.
Es un problema de prioridades.
Porque cuando un municipio no puede garantizar que los chicos lleguen a la escuela, ya no estamos hablando de gestión. Estamos hablando de negligencia.
Desde este espacio exigimos respuestas inmediatas y soluciones reales.
No parches. No promesas. No más dilaciones.
Porque los chicos no pueden esperar.
Y la educación no puede depender de una colecta.
Hay límites.
Y este, claramente, ya se cruzó.
