Condenan a la Municipalidad de Colón y a la provincia a relocalizar un basural - AHORA Entre Ríos
De esta forma, hizo lugar a la acción de amparo presentada por ONG ambiental Asociación Civil Arroyo Perucho Salvaje y vecinos de la ciudad
La Justicia de Entre Ríos condenó a la Municipalidad de Colón y a la Provincia de Entre Ríos a efectuar la relocalización del predio de disposición final de Residuos Sólidos Urbanos (RSU), en un lugar que se ajuste a la normativa vigente en materia ambiental.
De esta forma, hizo lugar a la acción de amparo presentada por ONG ambiental Asociación Civil Arroyo Perucho Salvaje y vecinos de la ciudad, el 11 de agosto de 2025.
En un plazo de seis meses deberán presentar ante la Justicia un plan integral incluyendo ubicación del nuevo predio de disposición final de los RSU (debidamente auditado, cumplidos los requisitos reglamentarios para ello y acordada la factibilidad por la autoridad de aplicación), más un cronograma de tareas a llevar a cabo, así como modalidad de traslado y tiempo que insumirá la finalización del mismo, determinando una fecha estimada de cierre del actual basural, la que no deberá exceder del plazo de 18 meses.
Además, según informó El Entre Ríos, deberá concretar de manera eficiente y eficaz el aseguramiento del actual predio, de manera de prevenir y evitar el acaecimiento de nuevos hechos que puedan producir focos ígneos, así como el total cerramiento del perímetro, con la prohibición e impedimento de ingreso de toda persona ajena a las tareas específicas del lugar y el debido control para su efectivo cumplimiento.
El fallo firmado por el juez Arieto Alejandro Otogalli, pide al municipio la presentación de cronograma de tareas a llevar a cabo para la mitigación del daño ambiental ya concretado y actividades tendientes al recupero del área de ocupación utilizada actualmente y sus zonas aledañas afectadas, de acuerdo a los parámetros establecidos en la pericia ambiental practicada en autos.
En un plazo de 15 días, deberá llevarse a cabo la realización efectiva de una separación física (mediante alambrados y limpieza/despeje del terreno) de al menos 15 metros (aproximadamente el ancho de una calle) desde las viviendas actualmente existentes hasta el inicio del predio hoy afectado al depósito de RSU.
Finalmente, se impone la ejecución de las tareas de seguridad necesarias para evitar y/o impedir la radicación de nuevas viviendas en dichos espacios, así como el avance de las actualmente construidas hacia el perímetro del predio afectado al depósito de RSU.
