La Justicia investiga si el hijo de una de las jubiladas que le vendió el departamento a Adorni lo remodeló antes de entregárselo
Peritajes sobre un celular sugieren que la unidad se ofreció ya reciclada previo a la operación. El expediente analiza el salto entre valores de compra y venta, junto con desembolsos en dólares a cotejar con los ingresos del jefe de Gabinete.
La causa sobre el patrimonio de Manuel Adorni incorporó en las últimas horas un dato que abre nuevas líneas de investigación: según información extraída del teléfono de la titular de la inmobiliaria Rucci, el departamento de Caballito que adquirió el jefe de Gabinete ya estaba refaccionado y a estrenar antes de concretarse la operación.
La Justicia busca determinar entonces si quien realizó esas obras fue Pablo Martín Feijoo, hijo de una de las jubiladas que participaron en la operación hipotecaria.
De acuerdo con los registros que analiza el fiscal federal Gerardo Pollicita, el inmueble fue vendido originalmente en mal estado por el exfutbolista Hugo Morales. El propio Morales había declarado que la propiedad requería arreglos y que, ante la falta de interesados, aceptó una oferta menor a la inicial.
Sabiendo que por ahí perdía un poco de plata o que lo podía arreglar, en ese momento se tomó la decisión. Lo vendimos contentos, explicó días atrás.
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La cronología reconstruida en el expediente marca que Morales puso a la venta el departamento y recibió una oferta de dos jóvenes por US$200 mil, monto que finalmente aceptó. El día de la escritura, según consta en la causa, estaban presentes dos mujeres las jubiladas que luego financiarían la compra junto a esos dos compradores, identificados como Feijoo y otra persona de apellido Miano.
Siempre según la reconstrucción judicial, el departamento fue transferido en esas condiciones, con necesidad de refacción. Sin embargo, tiempo después, Feijoo habría ofrecido la propiedad a la inmobiliaria con nuevas imágenes que mostraban el inmueble completamente renovado. Para cuando Adorni concretó la compra, el departamento estaba impecable y listo para habitar.
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El dato que ahora analiza la Justicia es el margen económico de esa operación. Adorni declaró haber adquirido la propiedad por US$230 mil, apenas US$30 mil más que el valor pagado previamente. Esa diferencia es la que genera dudas en el expediente: si el inmueble fue refaccionado de manera integral, el costo de las obras debería reflejarse en el precio final. ¿Las refacciones costaron tan solo 30 mil dólares?, es una de las preguntas que surge de la documentación incorporada.
La operación, además, tuvo características particulares. Según consta en la causa, Adorni aportó US$30 mil al momento de la compra, mientras que los US$200 mil restantes fueron financiados por las vendedoras las jubiladas Beatriz Viegas y Claudia Sbabo mediante una hipoteca sin intereses, con plazo de devolución de un año. Ambas mujeres declararon no conocer al funcionario.
En paralelo, el fiscal también puso el foco en la evolución patrimonial del jefe de Gabinete. En base a distintos registros, la Justicia contabiliza una serie de gastos en dólares realizados en los últimos años que busca contrastar con sus ingresos como funcionario, cuyo salario se mantuvo congelado hasta enero de este año.
Entre esos movimientos figuran los US$30 mil abonados al momento de la hipoteca del departamento de la calle Miró; otros US$20 mil vinculados a la compra de una propiedad en el country Indio Cuá; US$30 mil destinados a la cancelación parcial de una hipoteca previa; US$7600 correspondientes a un vuelo a Punta del Este; US$5000 por la tasa de ingreso al country; y US$5154 por el pasaje aéreo de su esposa, Bettina Angeletti. A la Justicia hay una cuenta que no le cierra, sintetizan fuentes del caso sobre el análisis integral de esos gastos.
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En ese contexto, el juez federal Ariel Lijo autorizó nuevas medidas de prueba solicitadas por Pollicita, que incluyen pedidos de información a organismos públicos y privados. Entre ellas, se destacan oficios al Registro Automotor por un vehículo que poseía Adorni; a la ANSES para reconstruir la historia laboral de una de las prestamistas; al Instituto de Vivienda de la Ciudad por un crédito vinculado a un inmueble de su esposa; y a YPF para determinar si percibió remuneraciones como miembro del directorio.
También se requirió información a ARBA sobre el lote en Indio Cuá, al Banco Galicia por los resúmenes completos de tarjetas de crédito del matrimonio, y a la Comisión Nacional de Valores por eventuales operaciones bursátiles. A su vez, se libraron oficios a aerolíneas internacionales para precisar detalles sobre pasajes aéreos: quién los compró, cómo se pagaron y a través de qué canal.
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En paralelo, la Justicia citó a declarar como testigos a la escribana que intervino en una de las operaciones inmobiliarias y al representante de la firma que habría abonado pasajes del funcionario, quienes deberán presentarse con documentación respaldatoria.
Mientras avanzan estas medidas, este miércoles prestaban declaración en Comodoro Py las dos jubiladas que financiaron la compra del departamento de Caballito.
