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El dia La Plata 15/04/2026 20:33 2 min de lectura

Ordenan cerrar un centro de menores en La Plata por graves fallas edilicias y denuncias de violencia

La Justicia de La Plata ordenó el cierre del Centro Cerrado Eva Perón II, ubicado en Abasto, tras constatar severas deficiencias edilicias y una ...

Ordenan cerrar un centro de menores en La Plata por graves fallas edilicias y denuncias de violencia
Foto: El dia La Plata

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La Justicia de La Plata ordenó el cierre del Centro Cerrado Eva Perón II, ubicado en Abasto, tras constatar severas deficiencias edilicias y una serie de denuncias por vulneración de derechos de los jóvenes alojados.

La medida fue dispuesta en el marco de un habeas corpus colectivo que advertía sobre el agravamiento de las condiciones de detención y los riesgos concretos para la integridad de los internos, sin que se registraran mejoras pese a reiteradas intimaciones.

En ese contexto, la jueza de garantías Lorena Vuotto resolvió la clausura del establecimiento, situado en 520 y 226, y fijó un plazo de 48 horas para su cierre definitivo. Además, ordenó la reubicación de todos los jóvenes en dispositivos que garanticen condiciones adecuadas de habitabilidad, seguridad y respeto de sus derechos.

La decisión judicial se apoyó en un informe pericial de arquitectura que fue categórico al señalar que el edificio no reúne condiciones mínimas de habitabilidad, salubridad ni seguridad para su funcionamiento.

Un cuadro crítico

Entre las principales falencias detectadas se mencionaron el colapso del sistema sanitario, riesgo eléctrico inminente, deterioro estructural de los cerramientos y la ausencia total de aislamiento térmico, un escenario que se agrava ante la proximidad del invierno.

El informe concluyó que las condiciones del inmueble configuran un entorno directamente inhabitable.

Denuncias y falta de respuestas

El planteo fue impulsado por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), que desde 2023 viene alertando sobre la situación del centro. El organismo también denunció episodios de violencia, requisas vejatorias, deficiente atención médica, escasa alimentación y restricciones en el acceso a actividades educativas y recreativas.

En su resolución, la magistrada cuestionó además la falta de respuestas del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia, al remarcar la ausencia de un plan de acción efectivo frente a los reiterados reclamos.

En ese sentido, subrayó que el Estado no solo debe abstenerse de vulnerar derechos, sino garantizar condiciones dignas de alojamiento, en un caso que vuelve a poner en foco la situación de los dispositivos de encierro para jóvenes en la provincia.

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