El gremio de Trabajadores Viales denunció penalmente a Javier Milei por presunta administración fraudulenta
Nacionales | El Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (STVyARA), que conduce Graciela Aleñá, denunció...
El gremio de Trabajadores Viales denunció penalmente a Javier Milei por presunta administración fraudulenta
El sindicato presentó una acción penal ante la PIA por el supuesto desvío de recursos previsionales hacia instrumentos financieros bajo órbita de la CNV
El Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (STVyARA), que conduce Graciela Aleñá, denunció penalmente al presidente Javier Milei y a funcionarios de su gobierno por presunta administración fraudulenta y desvío de recursos previsionales de la seguridad social hacia el ámbito financiero, puntualmente bajo la órbita de la Comisión Nacional de Valores (CNV).
La presentación fue realizada ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), donde quedó registrada bajo el Nº 204/2026, con el patrocinio letrado del Dr. Eduardo S. Barcesat, según informó la organización gremial.
Delitos imputados y alcance de la denuncia
En el escrito, el sindicato solicita la investigación de posibles delitos de violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad (artículo 248 del Código Penal), en concurso con administración fraudulenta (artículo 174, inciso 5º), vinculados a la presunta apropiación de fondos de la seguridad social para su inversión en el ámbito privado.
De acuerdo con la denuncia, los recursos previsionales habrían sido canalizados hacia instrumentos financieros bajo control de la Comisión Nacional de Valores, organismo que, remarcan, es ajeno al sistema de seguridad social y al régimen solidario de reparto que sostiene las jubilaciones de los trabajadores en relación de dependencia.
Desde el STVyARA advirtieron que esta operatoria implicaría un retroceso hacia esquemas similares a los del régimen de las AFJP, que en su momento generaron perjuicios económicos para los trabajadores y beneficios para entidades financieras.
La acción penal, subraya el gremio, no solo alcanza al jefe de Estado, sino también a funcionarios del ámbito político y administrativo que intervinieron en la elaboración del proyecto de ley de modernización laboral, así como a legisladores nacionales que votaron a favor de la Ley Nº 27.802.
Cuestionamientos constitucionales y estándares internacionales
En ese sentido, el sindicato sostiene que las medidas cuestionadas vulnerarían principios constitucionales fundamentales, en particular el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que garantiza el carácter integral e irrenunciable de la seguridad social.
Asimismo, en la presentación se invocan tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional y convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que consagran la protección de los derechos laborales bajo los principios de dignidad, progresividad y no regresión.
Desde la organización gremial remarcaron que las disposiciones impugnadas implican un retroceso en materia de derechos sociales, en abierta contradicción con los estándares fijados por la jurisprudencia nacional e internacional en materia de seguridad social y protección del trabajo.
Llamado al respeto de la supremacía constitucional
Finalmente, el sindicato expresó su expectativa de que la denuncia contribuya a reforzar el compromiso de los representantes institucionales con el respeto a la Constitución Nacional, recordando que los poderes del Estado deben actuar en resguardo de los derechos del pueblo.
En esa línea, el STVyARA subrayó que la supremacía constitucional debe prevalecer frente a cualquier medida que afecte la naturaleza solidaria e irrenunciable del sistema de seguridad social, y reclamó que se investiguen a fondo las responsabilidades políticas y administrativas involucradas.