Escala el conflicto por la instalación de los radares
Una presentación judicial volvió a poner en cuestión el funcionamiento del sistema de fotomultas en rutas y municipios bonaerenses. Fue el...
Una presentación judicial volvió a poner en cuestión el funcionamiento del sistema de fotomultas en rutas y municipios bonaerenses. Fue el fiscal federal Guillermo Marijuan quien denunció la existencia de una presunta estructura destinada a desviar fondos públicos y pagar sobornos a cambio de habilitaciones para instalar radares, la cual estaría integrada por empresarios, funcionarios y hasta allegados al ámbito académico.
El expediente, que recayó en el juzgado de María Servini de Cubría, se enmarca en un escenario más amplio de investigaciones que en los últimos meses dejaron al descubierto irregularidades en el negocio de las multas. Entre ellas, el procesamiento del ex ministro de Transporte de la provincia, Jorge DOnofrio, a quien imputaron por presunto lavado de dinero, en una causa que también analiza maniobras vinculadas a la VTV.
Entre los señalados por Marijuan figuran Leandro Camani, titular de las empresas Secutrans S.A. y Tránsito Seguro S.A., que en La Plata es denunciante en una investigación que recayó en la fiscalía de Álvaro Garganta, y un funcionario de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), apuntado como el nexo institucional que habría facilitado las contrataciones.
Además, el fiscal federal alude a la supuesta participación de funcionarios de la Secretaría de Transporte de la Nación, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y funcionarios bonaerenses que actualmente se mueven dentro de la gestión de autorizaciones para la instalación de cinemómetros.
Camani ya había sido mencionado en otra causa luego de una denuncia del presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia, por una presunta maniobra extorsiva relacionada con la colocación de cámaras. Semanas más tarde, el propio empresario contraatacó con una denuncia por supuesto abuso de autoridad.
En paralelo, la investigación avanza sobre un presunto esquema sistemático para esquivar los controles en la contratación de radares. Según la acusación, el mecanismo se sostenía en convenios entre municipios y la UNSAM, lo que permitía evitar licitaciones públicas.
A partir de allí, se habría implementado una triangulación de fondos mediante una fundación vinculada a la universidad, que luego contrataba de forma directa a empresas privadas.
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