Se multiplican los funcionarios de la Superintendencia de Salud con créditos multimillonarios del Banco Nación
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Crece el estupor en el seno del Estado nacional al verificarse como se multiplican los funcionarios vinculados a la Superintendencia de Servicios de Salud y al Ministerio de Salud de la Nación salpicados por el escándalo de créditos multimillonarios otorgados por el Banco Nación.
Las balas, incluso, empiezan a picar cerca del ministro de Salud, Mario Lugones, y a golpear a personas de su círculo de confianza.
Nuevos nombres y montos en el centro del escándalo
Al nombre de Sergio Stivelman García, director Nacional de la Dirección Nacional de Articulación y Seguimiento de Políticas Públicas, dependiente de la Unidad Gabinete de Asesores del Ministerio de Salud, se le sumaron varios otros funcionarios involucrados en la obtención de préstamos.
Tal como se descubrió en esa investigación, Stivelman García obtuvo un crédito que a enero de 2026 ascendía a más de 354 millones de pesos.
A ese caso se agrega el de Juan Carlos Pierre Ganchegui, gerente de Asuntos Jurídicos de la Superintendencia de Servicios de Salud, quien aparece con un crédito superior a los 133 millones de pesos.
En la misma línea, el licenciado Mario Guillermo Gutiérrez, gerente de Administración del mismo organismo, figura con un préstamo de alrededor de 45 millones de pesos. Gutiérrez es señalado como persona de extrema confianza de Claudio Stivelman, actual superintendente de Servicios de Salud.
Adicionalmente, aparece como receptora de uno de los llamados créditos VIP libertarios la doctora Paula Alejandra Muñoz Agnone, actual subgerenta de Control Prestacional de Agentes del Seguro de Salud. La funcionaria recibió del Banco Nación nada menos que 244 millones de pesos.
Preparan una denuncia judicial
Según la información que trascendió, ya se estaría preparando una presentación para llevar a estos funcionarios ante la Justicia a fin de que brinden las explicaciones del caso.
Los denunciantes pondrían el foco en la obtención de créditos por parte de algunos de los involucrados y en las condiciones concretas en que habrían sido otorgados.
El punto central de la acusación no sería solo el acceso a dichos préstamos, sino las eventuales ventajas o beneficios especiales que se habrían aplicado en su tramitación.
Conflictos de intereses y trato preferencial, en la mira
En particular, se señala como llamativo que, de acuerdo con las declaraciones juradas patrimoniales, algunos de los funcionarios contarían con sumas significativas declaradas como ahorros o dinero en efectivo y, aun así, habrían preferido acceder a créditos del Banco Nación cuando tendrían disposición de fondos propios.
La presentación judicial buscaría que la Justicia determine si existieron conflictos de intereses en la gestión u otorgamiento de los créditos, así como posibles influencias indebidas derivadas de los cargos públicos que ocupan los beneficiarios.
Además, se pretende que se analice si hubo tratos preferenciales en una entidad financiera estatal, beneficios económicos incompatibles con la función pública y la eventual incidencia de vínculos personales y familiares entre funcionarios y beneficiarios de los préstamos.
