La Pampa presentó un amparo para frenar la reforma de la Ley de Glaciares
El gobierno de la Pampa busca suspender la aplicación de la norma sancionada por el Congreso al considerar que afecta el acceso al agua y derechos ambientales.
La Pampa presentó un amparo para frenar la reforma de la Ley de Glaciares
El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, presentó un amparo colectivo ante la Justicia Federal para frenar la reforma de la Ley de Glaciares, aprobada por el Congreso en la madrugada de este jueves. La presentación fue realizada en el juzgado federal de Santa Rosa.
La medida judicial contó con el acompañamiento de la Universidad Nacional de La Pampa, la Fundación Chadileuvú y la Asamblea por los Ríos Pampeanos.
Desde el gobierno provincial sostienen que, aunque La Pampa no posee glaciares, depende directamente de recursos hídricos de origen glaciar. Ziliotto advirtió que la nueva normativa podría tener un fuerte impacto ambiental: Es una ley que nos va a quitar nuestros derechos sobre el agua y va a perjudicar el ambiente.
En esa línea, consideró que la reforma lesiona derechos ambientales colectivos consagrados en la Constitución Nacional y en convenciones internacionales.
La posición de La Pampa
A través de la fiscalía de Estado, representada por Romina Schmidt, junto al constitucionalista Andrés Gil Domínguez, la provincia solicitó que se suspenda la aplicación de la ley hasta tanto se determine su constitucionalidad.
Estamos planteando la inconstitucionalidad y nulidad absoluta de la ley que ha sancionado el Congreso de la Nación, afirmó el gobernador. Además, remarcó que la acción judicial trasciende lo institucional: Estamos defendiéndonos a todos y a cada uno de los pampeanos.
Desde el equipo legal de la provincia alertaron que las consecuencias no serían teóricas, sino concretas. El daño que tiene la provincia de La Pampa no es abstracto, es real. Si no llega agua en calidad y cantidad al río Colorado, lo van a sufrir todos los habitantes, sostuvo Schmidt.
Un conflicto histórico por los ríos
El reclamo se inscribe en una problemática de larga data. La Pampa mantiene desde hace más de 50 años un conflicto con Mendoza por el uso del río Atuel, y aún espera el cumplimiento de un fallo que obliga a garantizar un caudal mínimo.
Desde la gobernación remarcan que cualquier modificación en los cursos de agua en las provincias aguas arriba impacta directamente en la vida de las poblaciones aguas abajo, afectando actividades esenciales como el riego, la producción agrícola y el acceso al agua potable.
Con esta presentación judicial, La Pampa busca frenar la implementación de la nueva ley y abrir el debate sobre sus consecuencias ambientales y sociales, en un contexto donde el agua sigue siendo un recurso estratégico en disputa. (APFDigital)
