Reforma a la Ley de Glaciares: cómo votaron los diputados nacionales por Entre Ríos
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En una sesión maratónica que finalizó este jueves por la madrugada, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó la reforma de la Ley de Glaciares con 137 votos a favor, 111 en contra y 3 abstenciones. La nueva normativa, que ya contaba con media sanción del Senado, introduce cambios significativos en los criterios de protección ambiental para favorecer el desarrollo de proyectos productivos, principalmente mineros.
Los nueve representantes de la provincia de Entre Ríos en la Cámara Baja mantuvieron una postura dividida. El bloque oficialista y sus aliados locales garantizaron la mayoría de los votos entrerrianos a favor del proyecto, mientras que el peronismo votó en bloque por el rechazo.
-A favor: Beltrán Benedit (La Libertad Avanza), Alicia Fregonese (PRO), Andrés Ariel Laumann (La Libertad Avanza), Francisco Morchio (La Libertad Avanza) y Darío Schneider (UCR).
-En contra: Gustavo Bordet (Unión por la Patria), Marianela Marclay (Unión por la Patria), Guillermo Michel (Unión por la Patria) y Blanca Inés Osuna (Unión por la Patria).
Puntos centrales de la nueva norma
La reforma modifica la Ley 26.639 sancionada en 2010 y se apoya en los siguientes ejes fundamentales:
-Redefinición de áreas protegidas: la protección legal se limita ahora a los glaciares y zonas periglaciares que cumplan una función hídrica comprobada o relevante. Esto permite habilitar actividades en suelos congelados que no sean considerados estratégicos para el recurso hídrico.
-Federalismo ambiental: se otorga mayor autonomía a las provincias para que, a través de sus propias evaluaciones técnico-científicas, definan los criterios de protección y decidan sobre la explotación de recursos en sus territorios.
-Evaluación de impacto: todas las actividades proyectadas en estas zonas deberán someterse a un procedimiento previo de evaluación de impacto ambiental, conforme a la normativa vigente.
-Objetivo oficial: el Ejecutivo argumenta que el cambio brinda seguridad jurídica, elimina interpretaciones arbitrarias y fomenta inversiones en el sector minero.
Fuente: Ahora.
