Exigen a diputados entrerrianos rechazar cambios en la Ley de Glaciares
A través de una carta abierta, el Colectivo de Trabajadores por la Ventana y la Marcha Plurinacional del Agua exigieron a los nueve legisladores nacionales por Entre Ríos que rechacen las modificaciones a la Ley N° 26.639. Advierten sobre la ilegalidad de las reformas y la responsabilidad civil y penal que recaerá sobre quienes voten a favor del extractivismo.
En un clima de creciente tensión por el debate legislativo en torno a la protección de los recursos naturales, diversas organizaciones socioambientales de la provincia alzaron la voz para interpelar directamente a los representantes del pueblo entrerriano en el Congreso de la Nación. Bajo una consigna clara y contundente La Ley de Glaciares no se toca, emitieron una misiva dirigida a los diputados Andrés Laumann, Alicia Fregonese, Darío Schneider, Guillermo Michel, Marianela Marclay, Blanca Osuna, Gustavo Bordet, Francisco Morchio y Beltrán Benedit.
El documento apela a la "independencia republicana" y al deber de conciencia de los legisladores, exigiéndoles que rompan el silencio y expliciten públicamente su postura frente a las reformas que pretenden modificar el estatus jurídico de los ambientes glaciares y periglaciares. Para los firmantes, cualquier intento de flexibilizar la protección de los Andes Secos para favorecer a corporaciones mineras transnacionales constituye una "ignominia sin precedentes" que pone en riesgo la estabilidad climática y las economías regionales.
La crítica apunta hacia una posible delegación de facultades que permitiría a cada provincia decidir de forma arbitraria sobre estos ecosistemas vulnerables. Según las organizaciones, la modificación de la Ley N° 26.639 es ilegal y abre la puerta a catástrofes locales al desproteger las reservas de agua dulce más importantes del país. "Ningún glaciar es 'inútil' y ninguna minera extranjera produce agua; por el contrario, la consume", sentencia el texto, subrayando la incompatibilidad entre la minería de cobre a gran escala y la supervivencia de las comunidades que dependen de las cuencas hídricas.
El reclamo no se limita a una advertencia ética, sino que conlleva una fuerte carga institucional. El Colectivo de Trabajadores por la Ventana y la Marcha Plurinacional del Agua para los Pueblos recordaron a los diputados que son responsables personales ante los fueros civiles y penales por el sentido de su voto. Asimismo, instaron a que cualquier decisión sea respaldada por argumentos científicos rigurosos y respetuosos de los estándares alcanzados por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales.
Hacia el final del comunicado, los movimientos sociales anticiparon que, en caso de prosperar estas reformas, la movilización popular se profundizará con acciones directas hacia los ministerios y los despachos de cada legislador involucrado. El mensaje es inequívoco: la defensa del agua es entendida como un derecho humano vital y un bien colectivo que no puede ser canjeado por beneficios económicos de corto plazo.
