Ley de Financiamiento Universitario: la Justicia exige al Gobierno su aplicación inmediata
Así lo confirmó la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, luego de tres semanas de paro nacional universitario por recomposición salarial. La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal ordenó al Gobierno Nacional la aplicación 'inmedia
Así lo confirmó la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, luego de tres semanas de paro nacional universitario por recomposición salarial.
La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal ordenó al Gobierno Nacional la aplicación «inmediata» de la Ley de Financiamiento Universitario (27.795), tras rechazar una apelación oficial. La decisión judicial se conoció este martes, en medio de la tercera semana de paro nacional en las universidades públicas por la recomposición salarial de docentes y no docentes.
El fallo: argumentos «poco serios» e ilegitimidad
La Cámara desestimó los planteos del Poder Ejecutivo, subrayando que la normativa fue sancionada por amplia mayoría en ambas cámaras del Congreso. En su resolución, los magistrados calificaron como «poco serios» los fundamentos del Gobierno para evitar la implementación de la norma y sentenciaron que la suspensión de la ley mediante decreto es «ilegítima».
Recomposición salarial y becas: el impacto económico
En su resolución, la Justicia fue específica sobre las deudas acumuladas: el Ejecutivo deberá garantizar la recomposición salarial para docentes y no docentes con retroactividad a diciembre de 2023. Además, el fallo obliga a la puesta en marcha de la actualización de las becas estudiantiles, un punto clave para garantizar la permanencia de los alumnos en el sistema.
El origen del conflicto: un freno a la vía del decreto
La decisión es la respuesta a un amparo presentado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) tras meses de reclamos por el desfinanciamiento del sector. El fallo llega en un momento crítico, con la mayoría de las casas de altos estudios del país afectadas por medidas de fuerza. Con esta sentencia, la Justicia ratifica que la ley aprobada en septiembre de 2025 debe cumplirse sin más dilaciones.
